"Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificó el Principio de Legalidad en materia de impuestos, conforme al cual sólo el Poder Legislativo puede imponer tributos. Este fue el principio invocado por la Fundación de la Sociedad Rural Argentina (FSRA) en la acción de inconstitucionalidad iniciada hace tres años contra la validez de las retenciones agropecuarias. De esta manera, esta acción resulta confirmada expresamente por el Máximo Tribunal", señaló en un comunicado la entidad que conduce Luis Miguel Etchevehere.

En tanto, explicó que "en plena coincidencia con los argumentos sostenidos por la FSRA en su oportunidad, la CSJN ha establecido sin dejar duda alguna que (i) las retenciones constituyen un tributo, (ii) la Constitución Nacional prohíbe que otro Poder distinto del Congreso establezca tributos, (iii) la norma impugnada a través de la cual un Ministerio fija derechos de exportación, tiene un defecto de origen, es nula de nulidad absoluta e insanable. La acción judicial de la FSRA también se fundamenta en la violación de otros principios constitucionales tales como el derecho de propiedad (por confiscatoriedad), la igualdad ante la ley, la razonabilidad y proporcionalidad y la división de poderes. Sin embargo, su primer argumento para impugnar las retenciones fue la violación del Principio de Legalidad por el Poder Ejecutivo, castigada por el reciente fallo de la Corte Suprema".

"El 13 de abril de 2011, la FSRA inició una causa judicial contra el Estado Nacional por la inconstitucionalidad de las retenciones. La FSRA comenzó esta demanda como propietaria de un campo en Realicó, La Pampa, en el que funciona el establecimiento educativo “Colegio Agropecuario Realicó”, donde se desarrollan actividades agroindustriales. Hoy esa acción judicial tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal No 11 Secretaría 21, y actualmente se encuentra en etapa procesal de prueba", agregó.

Negativo impacto económico

Por otro lado, la SRA recordó que "desde 2002 a la fecha, el Campo pagó al Gobierno en materia de retenciones la suma de 69 mil millones de dólares. Esta alícuota confiscatoria, sumada a los demás impuestos que paga el productor agropecuario, hace que la presión impositiva en este sector supere el 80% de la renta".

"Además, los altos niveles de inflación de la economía argentina impactan bruscamente en la caída de la competitividad del campo y consecuentemente algunas actividades agropecuarias ya son imposibles de realizar", finalizó el comunicado.