Durante septiembre, en la provincia de Tucumán, las inspecciones ya habían alcanzado a siete empresas relevándose 1.102 trabajadores. Otros 495 trabajadores de seis empresas ya habían sido relevados en una inspección también en Entre Ríos.

El nuevo operativo se realizó bajo las atribuciones que estipula la ley 26.727 que consagra a RENATEA como el organismo de fiscalización e inspección para la actividad arandanera. Participaron la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional fiscalizando en cinco localidades de la provincia de Entre Ríos.

“El arándano ha experimentado un crecimiento muy grande a nivel de exportaciones. Sin embargo ese crecimiento no se tradujo en mejorías para los trabajadores y el cumplimiento de la ley 26.727 que los ampara. Por eso ya fuimos a Tucumán y la semana que viene vamos a Salta. Queremos garantizar la registración total de los trabajadores, tal como lo señala la ley” explicó el Director General del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, Ing. Guillermo Martini.

En el transcurso de las inspecciones un grupo de trabajadores originarios de la provincia de Santiago del Estero denunciaron ante el organismo que se encontraban en condiciones de hacinamiento, sin trabajo, sin el pago por lo ya trabajado y sin la posibilidad de volver a su provincia de origen. Personal de RENATEA recepcionó dichas denuncias.

Casi 2.500 trabajadores del arándano ya fueron relevados en todo el país y se espera fiscalizar otra importante cantidad en la provincia de Salta la semana que viene. En la provincia de Buenos Aires ya se avanzó en reuniones con empleadores con el objetivo de lograr la registración.

Las fiscalizaciones continuaran en todas las provincias del país con producción de arándanos, actividad que ya alcanzó el séptimo lugar en la lista de frutas de exportación a nivel nacional.