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Yerba mate Actualidad

Media sanción para el envasado en origen y modificación del INYM

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos relacionados con la industria yerbatera en su última sesión: envasado en origen y cambio en el sistema de definición de precios del Instituto Nacional de Yerba Mate.
20/11/2014 16:51 hs

La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos relacionados con la industria yerbatera en su última sesión: envasado en origen y cambio en el sistema de definición de precios del Instituto Nacional de Yerba Mate. Por pedido de legisladores santafesinos y cordobeses, se introdujeron cambios en la primera de las iniciativas y los establecimientos que elaboren yerba compuesta no deberán trasladarse; mientras que la segunda se aprobó sin cambios. Ambas fueron giradas a la Cámara de Senadores.

El envasado en origen, que había sido aprobado por unanimidad en Senadores, enfrentaba una dura resistencia por parte de legisladores de Santa Fe y Córdoba quienes argumentaron que, de convertirse en ley, afectaría a industrias de la elaboración de yerbas compuestas, en las que se utilizan hierbas como la menta peperina y el pole, radicadas en esas provincias y dejaría a mil trabajadores en la calle. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del gobierno provincial y de la mayor parte del sector yerbatero de Misiones y Corrientes, propone prohibir la elaboración y envasado de yerba mate fuera de la zona productora, en las provincias de Misiones y Corrientes.

Pero el oficialismo aceptó realizar los cambios y corrigieron dos artículos. El tercero, para permitir la venta a granel de yerba mate a establecimientos que no estén en la región productora (Corrientes y Misiones), que lo mezclen con otras hierbas “siempre y cuando éstas representen al menos un 30% del producto final”, tendrán un plazo de cinco años y no tres como se citaba anteriormente, para trasladar sus plantas hacia el norte de la Mesopotamia.

Por otro lado, se modificó el artículo 9 para aquellas firmas que compren yerba mate y hagan mezclas con hierbas, con un mínimo de un 30 por ciento en la proporción final, se mantendrán las ubicaciones y actividades (ejemplo santafesino el de CBSé). Del mismo modo, para aquellos que tengan productos tales como la yerba mate en saquitos (Cachamai y La Virginia), podrán continuar con la actividad hasta el límite de la capacidad instalada que tengan en su industria, para resguardar la inversión, pero del mismo modo la mano de obra.

El resultado de la votación fue 181 votos positivos, 10 negativos (del PRO) y 3 abstenciones (de la izquierda) y volverá al Senado para la revisión de los cambios. El jefe del bloque radical, Mario Negri fustigó: “No es la ley que deseo, pero después de dos años se despertó la media sanción del Senado y son 1.000 trabajadores o más los que iban a quedar en la calle por una insensatez de 58 senadores”.

Luego, Graciela Villata celebró que se haya podido realizar cambios al proyecto. “Con estas dos modificaciones se logra defender la economía regional de Misiones y Corrientes sin perjudicar las de Córdoba y Santa Fe”, dijo.

En tanto que se aprobó la modificatoria de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate que propone cambiar el sistema que utiliza el instituto para definir semestralmente los precios de la hoja verde y la yerba canchada.

Para llegar a un acuerdo, la ley vigente exige el consenso de los doce integrantes del directorio, cuerpo en el que están representados todos los eslabones de la cadena productiva, lo que hace muy difícil la definición de los precios.

El proyecto propone que se pueda llegar a un acuerdo para fijar el precio de la yerba mate mediante el voto positivo de dos terceras partes del directorio, con el objetivo de favorecer que la concertación se defina en el seno del INYM y no sea necesario recurrir a la decisión de Nación. La iniciativa, además, incorpora la definición de un precio base para la yerba mate elaborada, es decir, la que se comercializa luego en góndolas.

Alex Ziegler (FPV-PJ-Misiones), autor del proyecto insistió con un artículo del proyecto original para que “en el caso de no llegar a un acuerdo por unanimidad ni por las dos terceras partes, se lo establezca por laudo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene un plazo de 20 días para expedirse; si no lo hace, automáticamente queda fijado el valor que se ha establecido por las dos terceras partes en el directorio del instituto”.

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