La flamante Ley de la Agricultura familiar es el fruto de un extenso trabajo entre el Ministerio de Agricultura y todas las entidades representativas del sector. La misma declara de interés público a la agricultura familiar "por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo", al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión económica y productiva.

Los puntos más destacados de la Ley de Agricultura Familiar son:

Acceso a la tierra

Menos del 20 por ciento de la superficie cultivable de nuestro país está en manos de agricultores familiares. En este sentido, la norma considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, de manera articulada con provincias y municipios.

Suspensión de los desalojos

La normativa busca dar protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas. Productores y productoras que por carencia económica o falta de políticas públicas diferenciadas no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen. En su artículo 19, suspende por tres años los desalojos y genera una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural. En este marco se evalúa cada situación particular y se crean mecanismos para mensurar la tierra, un punto fundamental en los procesos de titulación.

Semillas nativas

Se funda, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, el Centro de producción de Semillas Nativas, con el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización. El organismo tendrá a su cargo la tarea de promover la investigación y la preservación de estas variedades que forman parte del proceso de selección realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños agricultores.

Desarrollo inclusivo

La Ley prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños productores en conjunto con universidades y escuelas de educación agraria. Su organismo de aplicación será el Ministerio de Agricultura, con participación del Consejo de la Agricultura familiar, Campesino e Indígena.

Financiamiento

El 15 de diciembre, el Ministerio de Agricultura convocó a la tercera reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, ámbito creado por la Resolución 571. Allí se manifestó el compromiso de trabajar de inmediato en la reglamentación de la Ley, con especial énfasis en la cuestión presupuestaria, pautada en 1.500 millones de pesos. Participaron del encuentro el Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, el titular de la cartera agropecuaria, Carlos Casamiquela y el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico. También estuvieron presentes legisladores nacionales, referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) junto a dirigentes de todas las organizaciones del sector. El tema volverá a tratarse el próximo 5 de enero.

Una ley histórica

Cerramos 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, con la aprobación de una Ley que ampliará derechos en el interior profundo de nuestro país. Con esta herramienta, desandamos décadas de invisibilidad de un sector estratégico, que se potenciará con apoyo firme del Estado nacional y podrá hacer un importante aporte al abastecimiento de alimentos sanos a la mesa de los argentinos. La norma permitirá avanzar en la consolidación de un modelo agrario más nacional, popular e inclusivo, sustentable en términos económicos, pero al mismo tiempo en términos sociales y ambientales.

El sector en cifras

La agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural.

Fuente: Prensa UCAR