La semana pasada, el presidente Mauricio Macri acordó con todos los gobernadores (salvo con el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá) el consenso fiscal por el cual las provincias y el gobierno nacional acordaron pautas en la distribución de recursos entre ambas jurisdicciones.

Tras la firma del convenio, dirigentes del agro dieron su opinión sobre el impacto en el sector. Si bien se bajará el impuesto a los Ingresos Brutos, las provincias tendrían vía libre para que las valuaciones fiscales puedan converger con los valores de mercado, lo que impactaría en el impuesto Inmobiliario Rural.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, destacó que el Presidente manifestó la necesidad de bajar la presión fiscal sobre el sector privado a nivel nacional, pero fue crítico al afirmar que en la provincia de Buenos Aires "estamos yendo en el sentido contrario".

"La posición de Carbap de hace años es que el campo es un bien que se tiene para la producción, por lo cual no puede ser tenido en cuenta su valor de mercado: es un bien que no está para la venta y debe tributar en base a su capacidad productiva y no a su valor fundiario", explicó.

Además, dijo que desde la entidad ven con preocupación el presupuesto provincial 2018 donde, según señaló, hay una discriminación del campo con respecto a otros sectores de la economía, en los cuales la mayor carga tributaria se está poniendo sobre "los hombros del agro".

"Esto nos encendió una luz de alarma en la provincia de Buenos aires, ya que es una historia que se repite. Parece que el sector agropecuario es eficiente y otros sectores no lo son, entonces la mayor carga se pone sobre el campo en vez de potenciarlo como hacen otros países como Australia y Nueva Zelanda", indicó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, señaló que el impacto del pacto fiscal en los productores "va a depender mucho de cómo se lo implemente cada provincia".

"En principio, vemos como punto negativo el aumento del monto del inmobiliario aunque hay una disminución de impuesto a los sellos e ingresos brutos para las actividades agropecuarias", afirmó.

Iannizzotto hizo hincapié en que desde la organización imaginaban la reforma impositiva como "algo mucho más profunda, más medulosa y consensuada" sobre todo con respecto a temas vinculados al IVA y a la rapidez de la devolución con respecto a la exportaciones y también al impuesto de los débitos y créditos.

"Creemos que es una salida un poco liviana y delega la responsabilidad en las provincias y el productor va a quedar a dispensa de la voracidad fiscal de cada provincia", señaló.

Según Iannizzotto, si bien el cambio, en teoría, fomenta la producción y la puesta en actividad de tierras para la producción, puede generar más problemas de pagos en años con menores ingresos por efecto del clima o bajas de precios en el mercado.

"Hay provincias que ya cuentan con alícuotas menores o exenciones a los ingresos brutos para las actividades agropecuarias, con lo que no sería beneficioso o compensado el cambio. Es más, para 2018 subiría el monto de ambos, el Inmobiliario e Ingresos Brutos, para bajar recién dos años después, dependiendo de la prórroga acordada. Creemos que esto es peligroso", afirmó.