Es el recorte del gasto en el que piensa el Gobierno para todo 2018. Habrá menos obra pública y reducción de subsidios. La administración macrista busca adelantarse a los requerimientos que podría hacer el FMI.

El Gobierno puso en marcha la tercera fase del ajuste fiscal que se inició en 2016: ahora va por un recorte del gasto que podría alcanzar los 250 mil millones de pesos este año, lo cual dirigiría inevitablemente a la economía a un estancamiento con inflación del 25 por ciento.

A los recortes en la obra pública se le sumarán bajas de subsidios a la energía, recortes de empleados públicos, reorganización de entes autárquicos y empresas públicas, y mayor presión fiscal sobre los asalariados. E incluso no se descarta un canje de bonos de la deuda.

El Pacto Fiscal firmado con los gobernadores plantea que en 2019 se eliminarán los subsidios a la electricidad y gas –con excepción de la tarifa social– y, en 2021, los del transporte.

Pero, según proyecta el Gobierno, los plazos van a acortarse. En el primer trimestre, por ejemplo, los subsidios (concentrados en energía y transporte) bajaron 37,9 por ciento anual, a 22.336 millones de pesos. Y ahora el Gobierno recortará la ayuda estatal para la electricidad en octubre, por lo que subirían las tarifas.

Y no se renovarán todos los cargos que se generan por jubilaciones. Esas bajas representan al tres por ciento de la planta de empleados y otro tres por ciento en 2019.

En lo que va de mayo, hubo despidos en el hospital Pediátrico Garrahan, Vías Navegables, Agroindustria, el Inti y el Conicet. Y habrá cesantías en el Instituto de Asuntos indígenas y el Inta, entre otros.

Para los gastos políticos habrá medidas simbólicas: sólo los ministros viajarán en primera, reducirán los viáticos, no habrá cambio de flotas de autos oficiales y la compra del Tango 01 fue cancelada hasta nuevo aviso.

Menos obra pública

Según la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2018, los recursos destinados a la obra pública se redujeron en 23 por ciento anual, es decir, unos 16.810 millones de pesos menos.

De seguir a este ritmo, la poda será mayor a los 30 mil millones estipulados por el Gobierno nacional, en un presupuesto total para este sector de 230 mil millones.

En este marco, el canciller Jorge Faurie le comunicó a su par chino Wang Yi que la Argentina decidió suspender por “problemas de restricción presupuestaria” el proyecto de construcción de la Central Nuclear Atucha III, que tenía un costo de 9.000 millones de dólares y postergó para 2022 la realización del proyecto de la Central Atucha IV.

Esas son algunas de las medidas que ya están siendo ejecutadas y otras que preparan los nueve ministerios que desde el martes son coordinados por Nicolás Dujovne, jefe de Hacienda y único interlocutor con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un auxilio financiero, reveladas por fuentes oficiales y publicadas por la La Voz.

¿Y las provincias?

La tijera también llegará a las provincias: los flujos destinados a los estados provinciales y municipales por fuera de la coparticipación federal de impuestos cayeron ya un 11,8 por ciento anual en el primer trimestre, a 27.500 millones de pesos.

Si bien las transferencias de carácter corriente crecieron 11 por ciento anual, las de capital (para inversión) se derrumbaron un 30,2 por ciento. Y la tendencia continuará. La baja planificada alcanza al 40 por ciento.

En Hacienda responden que el ajuste busca un “ahorro” de 3.000 millones de dólares, es decir, unos 75 mil millones de pesos.

Pero las metas fiscales que el propio Dujovne planteó a los ministros el martes pasado indican otra cosa, dijo a este diario uno de los funcionarios que estuvo en esa mesa.

El objetivo de máxima es bajar el déficit fiscal primario del 3,9 por ciento del Producto Bruto Interno registrado en 2017 al 2,7 por ciento. Es decir, una baja de 1,2 puntos porcentuales.

Así, si el PBI termina estancado (en el mismo nivel que el año pasado), el recorte llegará a los 5.830 millones de dólares, es decir, 145.750 millones de pesos.

Esta aceleración en la reducción del gasto público para bajar el déficit fiscal y la dependencia externa es parte del pedido del staff de economistas del FMI, encabezado para el caso argentino por el italiano Roberto Cardarelli, en el marco de las negociaciones por un crédito que podría alcanzar los 45 mil millones de dólares.

Hay gastos que no se pueden tocar porque generarían un descalabro financiero y económico: el pago de los intereses de la creciente deuda externa con la que Macri viene financiando su gestión.

Lo último que Cambiemos se permitiría sería un default. Y este año, 32 de cada 100 pesos que recaude el Estado irán al pago de la deuda. Mientras que los gastos para salarios ocuparán el 20 por ciento y las prestaciones de la seguridad social el 11 por ciento, analizó el Centro de Estudios de la Nueva Economía.

¿De cuánto dinero hablamos? Entre capital e intereses hay que abonar el equivalente a 64.649 millones de dólares de deuda en 2018. De ese monto, el 30 por ciento fue cancelado en el primer cuatrimestre y restan pagar 44.842 millones de dólares. A su vez, el 80 por ciento de toda esta deuda fue emitido por Macri desde que asumió la presidencia.

Pero como el FMI pide bajar el déficit total (que contempla los intereses de la deuda) en el mercado financiero especulan con que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, podría sorprender con la instrumentación de un canje de bonos por títulos de más largo plazo y mejores tasas para reducir los vencimientos de este año y 2019. Si esto ocurre, la baja total del gasto en 2018 podría alcanzar los 250 mil millones de pesos. En el Gobierno no descartan “ninguna alternativa”.

El mismo camino de un canje podrían seguir las provincias que entre junio y diciembre deben afrontar vencimientos de deuda por unos 700 millones de dólares, es decir, 17.500 millones de pesos. Esto empezó a ser evaluado después de la devaluación, lo cual exige un mayor esfuerzo fiscal a los gobernadores, que en paralelo están bajando impuestos locales por exigencias del Pacto Fiscal impulsado por Macri.