La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno advirtió sobre una fuerte crisis en la actividad, entre otros puntos por un congelamiento de los precios del biodiésel, la amenaza de la carga tributaria y el impacto de la última suba de retenciones al 15 por ciento, por ejemplo.

Claudio Molina, director ejecutivo de la entidad, subrayó ante LA NACION que la situación es "muy compleja, la industria está al borde de la destrucción". A modo de ejemplo, alertó sobre la posibilidad de que se grave el consumo de biocombustibles que excede el corte legal (10% de biodiésel y 12% de bioetanol).

Trascendió que es una alternativa en análisis y, a su criterio, es "como gravar al cigarrillo electrónico con el Impuesto Interno al tabaco". Sobre esa porción de biocombustibles rige la misma carga que sobre los combustibles. El reclamo de la entidad es ante las versiones de que el Gobierno dejaría sin efecto la ley que desgrava los biocombustibles.

Para Molina, de ser así debería intervenir el Congreso porque los decretos de necesidad y urgencia, según lo establece la Constitución, no pueden alcanzar las materias penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

Además de los problemas en el mercado interno, Molina remarcó los que enfrentan las exportadoras ante el cierre del mercado de los Estados Unidos y ahora el posible cierre del mercado europeo por una investigación contra el producto argentino.

"Antes de que se cierre Europa, por decreto la Argentina dejó a los productores fuera de competencia. La mayoría de los exportadores pide que se revise la suba de las retenciones (en 15% desde mayo último)", dijo.

En referencia a las empresas grandes no integradas, y también las regionales (hay en San Luis y Santiago del Estero), indicó que los cupos mensuales otorgados por Energía son "escasos y erráticos, impidiendo una adecuada programación de su producción y absorción de costos fijos".

Molina recordó que las retenciones aumentaron en enero y mayo también por decreto, "aunque también lo debe hacer el Congreso". Precisó que los poderes delegados al Poder Ejecutivo ya vencieron a la vez que hay un fallo de la Corte Suprema de 2014 (en la causa "Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo") que fijó que los derechos de exportación no pueden ser establecidos por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, señaló que el precio de los biocombustibles no puede ser equivalente al de importación de los combustibles minerales que sustituyen. "En todo el mundo son más caros ya que se producen a partir de materias primas creadas por la acción conjunta de la mano del hombre y de la naturaleza, mientras que los combustibles minerales derivan de depósitos fosilizados generados por la fotosíntesis ocurrida millones de años atrás; a eso hay que sumarle la mayor productividad relativa de la industria petrolera exportadora de derivados de petróleo que importa".

Desde la cámara del sector Molina consideró "imperioso" definir políticas públicas para promover la demanda de biocombustibles. Reclamó la instrumentación de cortes del 12%, 20% y 25% de contenido de biodiésel en el gasoil según los segmentos de consumo.

El ejecutivo de la entidad también reclamó la instrumentación de un corte del 25% de bioetanol en las naftas, más el uso de bioetanol hidratado o anhidro puro en el marco de un programa para uso en vehículos con motores de tipo Flex Fuel o reconvertidos, "adecuándolos a los condicionamientos que se presentan en el país, manteniendo surtidores de respaldo con los cortes actuales, tanto de biodiésel en el gasoil como de bioetanol en las naftas".

Molina alertó sobre los trascendidos de que Energía "tiene en carpeta" un congelamiento de precios tanto para biodiésel (las pymes ya se quejaron por el precio de agosto) como para bioetanol. "Además del importante daño en un contexto inflacionario como el actual, una medida de este tipo genera a la industria una transferencia de ingresos de los productores de biocombustibles a las petroleras sin que ese beneficio sea capturado en buena medida por los consumidores", opinó.

Pymes en alerta por el precio

En tanto, en un comunicado la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) protestó por el congelamiento de los precios de agosto para el biodiésel en el mercado interno.

"Los pequeños y medianos productores nos vemos afectados, una vez más, por la decisión unilateral, arbitraria y discriminatoria del Ministerio de Energía y Minería de la Nación de congelar el precio de dicho biocombustible para el mes de agosto, sin cumplir con lo establecido en el marco regulatorio que rige la actividad", dijeron en un comunicado.

"En diciembre del pasado año, el citado Ministerio congeló el precio del biodiésel. Ante los reclamos del sector, el Gobierno admitió su error y en marzo del corriente año, mediante la Resolución 83/2018, estableció una nueva fórmula para la determinación mensual del precio del biodiésel para el mercado interno, sin dejarnos alternativa más que aceptar la nueva fórmula, aun cuando la misma disminuía notablemente la rentabilidad y a su vez no reflejaba adecuadamente contextos devaluatorios. A cuatro meses de la publicación de la citada Resolución, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación vuelve a desconocer de manera arbitraria y unilateral la aplicación de la misma, mediante el congelamiento del precio del biodiésel para el mercado interno, colocando a los pequeños y medianos productores de biodiésel en una situación apremiante, y trasladando indebidamente a las empresas petroleras una renta indebida, que inclusive no se ve reflejada en el precio del gasoil en el surtidor", agregaron.

Según Cepreb, mientras las pymes de biodiésel, unas 30 a nivel país, no pueden trasladar los mayores costos al precio del producto que deben adquirir las empresas petroleras, estás últimas "no tienen restricciones para trasladar sus mayores costos al precio en el surtidor".