La Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) pone en valor un costado de la discusión que, hasta ahora, no había ocupado un lugar central cuando se trataba del analizar el reglamento de comercialización con la Unión Europea: la dimensión social.

Mientras el debate pasa fundamentalmente por cómo cumplir con las exigencias de que la carne y la soja se produzcan en campos que no hayan sido deforestados desde 2020 en adelante, a la par debe recordarse que el reglamento 1115 del viejo continente impone también que los establecimientos proveedores deben comprobar el cumplimiento de las leyes laborales.

Desde la entidad, y junto a la asociación civil Crisol, se lanzó la herramienta que utilizarán para emitir esta “Constancia de Legalidad”. Y lo hicieron en un encuentro en la Bolsa de Cereales porteña. Según informa Infocampo, Margarita Carratú, titular de la organización civil, explicó que la constancia de legalidad “es parte de la punta de lanza del sindicato que tiene que ver con sustentabilidad”.

Ahora, no bastará con tener un certificado propio que acredite el cumplimiento de la legislación aplicable en el país de producción –en este caso Argentina–, sino que Uatre deberán certificarlo. En esa línea, dijo que la herramienta viene a complementar la parte ambiental que propone la trazabilidad de Visec en la cadena de suministro de soja y carne bovina, en respuesta al Reglamento UE 2023/1115.

La idea está basada en el Artículo 3 del reglamento, que establece como condición la acreditación del cumplimiento de la legislación aplicable en el país de la producción. Justamente, por eso le llaman validación: porque al momento de firmar la declaración jurada incluída en la carga de la información que documenta la unidad productiva, el productor firma “estar de acuerdo con el Artículo 3”.

“Nosotros vamos a validar lo que todos los productores de la cadena dicen que hacen en cumplimiento con el Artículo 3”, sintetizó Carratú. Es la validación de la validación del validador, de la documentación que respalda el propio sistema y de los importadores que acuerdan con las empresas exportadoras y las garantías que brindan.

Durante la visita, se observarán “las condiciones laborales, de derechos humanos y derechos de terceros”. Concretamente, se verificará:

El trabajo registrado y la seguridad social; jornada, descansos y horas extras; prevención del trabajo infantil; salud y seguridad en el trabajo; entrega y adecuación de EPP; contratos con contratistas y cooperativas; ART o seguro de accidentes personales; respeto por comunidades y terceros y presentación de la libreta del trabajador rural y constancias.

En ese punto, aclararon que el enfoque no es punitivo. “Será una verificación rigurosa con enfoque de mejora contínua”, dijo Carratú.

Aunque, como quien conoce la respuesta del otro lado, rápidamente aseguró que no será un sello automático: “seremos muy rigurosos pero flexibles, si el productor no tiene el papel que acredita que tiene al trabajador con un contratista, los ayudaremos a que lleguen al estándar”.

Además, reparó en que la visita será logísticamente acordada. Detrás de la metodología, señalaron que la idea es reducir costes derivados de transacciones o mecanismos repetidos.

“El productor en dos horas de visita técnica va a resolver un problema que puede llevar días, meses en sacar la producción”, acotó, e hizo la venta final con un paralelismo: “es una solución que diametralmente no puede compararse con el problema que pueden traer por el nivel de riesgo estándar del 3% mínimo las distintas auditorías internacionales”.