Frente a una audiencia compuesta por estudiantes y profesionales, los diputados nacionales entrerrianos Lisandro Viale (socialismo) y Jorge Chemes (radicalismo) expusieron ayer sus puntos de vista sobre uno de los temas clave para el sector agropecuario: los arrendamientos.

La reunión, organizada por el Departamento Socio Económico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, se desarrolló en el salón Juan de Dios Muñoz y tras las exposiciones los legisladores respondieron las preguntas de los presentes.

Viale señaló que hay temas centrales para el campo que siguen sin resolverse y, entre ellos, mencionó el de los arrendamientos que, según su óptica, es uno de los ejes que todavía falta abordar.

PEOR QUE ANTES. El legislador, antes de explicar los detalles de su proyecto, recordó los contenidos del primer contrato agrario celebrado hace casi cien años –que incluía, entre otros puntos, una duración de cuatro años y topes de hectáreas para arrendar– y remarcó que en la actualidad “hay condiciones que son peores, más leoninas” que en aquel tiempo.

Viale admitió que el oficialismo “generó riquezas” pero advirtió que “hay más pobres” y remarcó el hecho de que durante los años 90 desaparecieron del campo “100 mil productores y otros 60 mil” desde 2002 hasta el presente. “Hay más producción, pero menos productores”, remarcó.

La aparición de los pooles, un fenómeno que se acentuó en los últimos años de la mano de la rentabilidad de la soja, “cambió el sujeto agrario” y, por eso, subrayó el socialista, “se necesita una nueva legislación” en materia de arrendamientos para proteger a los pequeños y medianos productores.

Viale, asimismo, ratificó que está en contra de las retenciones. Ante la realidad de su vigencia, sin embargo, se pronunció a favor de aplicar medidas de política económica diferenciadas; esto es, retenciones segmentadas porque “no se puede tratar igual a quienes no son iguales”.

Reivindicó la intervención en los mercados ante las periódicas caídas de los precios de los granos, pero no a través de la actual Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) –“es discrecional, arbitraria y corrupta”, fustigó– sino mediante un organismo con participación pública y privada. La intervención debe darse, opinó, porque el mercado “siempre se come al (productor) más chico”.

Propuso entonces modificar la Ley 13.246, de aparcerías, sancionada en 1948, por una ley de contratos agrarios, y recordó que en 1977 la dictadura le quitó a aquélla el plazo mínimo de cinco años que establecía para los arrendamientos dando paso a los contratos accidentales de un año de duración.

PROPUESTA. Al explicitar su proyecto, Viale señaló que consta de siete temas centrales, el primero de los cuales es un plazo mínimo de duración de cuatro años con el objetivo de “permitir planificar y realizar inversiones” para “evitar que los contratos por fideicomisos desplacen a los pequeños y medianos productores”.

También prevé que el precio y porcentaje de referencia para los arrendamientos sean fijados por el INTA y las facultades y no por el Gobierno ni por el mercado.

Habla de desalentar los contratos accidentales a través de un menor precio y de la obligatoriedad de pago en unidades de la misma producción.

El proyecto establece la obligatoriedad de rotar un 25% de gramíneas sobre oleaginosas y de reponer mediante fertilización los nutrientes que el cultivo extrae del suelo. Ofrece, por último, ventajas impositivas para el productor arraigado.

EQUILIBRIO. Chemes, por su parte, admitió que el debate de una nueva ley de arrendamientos traerá “discusión y desencuentros” en el sector agropecuario, y se pronunció a favor de una legislación “que contenga” al pequeño y mediano productor.

Sin dar mayores precisiones, Chemes dijo que la eventual nueva ley “debe mantener el equilibrio” entre todos los sectores porque “si (la ley) no es clara y no da seguridad (de cobro) el pequeño y mediano productor elegirá siempre al más grande” para arrendar su campo.

Fuente: El Diario - Danilo Lima