La reunión en la Cámara baja incluyó la convocatoria a especialistas y continuará hoy a las 9 con un encuentro del que formarán parte los ministros de Salud y de la Producción, Ángel Giano y Roberto Schunk respectivamente, y el secretario de Ambiente Sustentable, Fernando Raffo.

El tiempo dirá si lo que surja de estos intercambios servirá para mejorar la legislación vigente. De lo que no cabe duda es que el texto del legislador del Nuevo Encuentro, oriundo de Gualeguaychú, lleva a la Casa Gris un debate que está planteado en la sociedad y, hasta ahora, incorporado a la agenda estatal desde visiones si se quiere disímiles, como las vinculadas a la salud pública, la defensa del medio ambiente o el incentivo a la producción.

La discusión, si está bien encauzada, siempre es constructiva. En este caso, están siendo integradas las lógicas que se despliegan en el Ejecutivo, las demandas sociales y los criterios legislativos. Incluso, la visión del médico de la ciudad de Cerrito, Darío Roque Gianfelici, uno de los referentes sanitarios que viene llamando la atención sobre estos problemas, ha sido incorporada al rompecabezas.

La primera impresión es que, a medida que el tema es abordado desde distintas disciplinas, va configurándose un convencimiento en torno de que la expresión “prohíbanse”, que atraviesa la escritura y la esencia del proyecto de De la Fuente, es algo extrema y que, en todo caso, lo conveniente es encontrar los puntos de equilibrio que, no obstante, resguarden la salud humana como fundamento primero e ineludible.

NI POCO NI DEMASIADO. En ese sentido, es coincidente la opinión en torno de que los límites que impone toda norma pueden ser perfeccionados, siempre, pero que en todos los casos la reglamentación queda en una mera declaración de principios cuando los controles no son efectivos. Y, hacia aquí, parecen confluir los diferentes puntos de vista o al menos buena parte de todos ellos. O, al revés, creen ver en la falta de capacidad del sector público para inspeccionar, detectar y por lo tanto sancionar convenientemente, una de las principales razones prácticas del desorden existente en la materia.

En este contexto, Schunk propuso replicar el modelo que parece dar buenos resultados en los casos en que se denuncian desmontes fuera de ley. En efecto, en los operativos para detectar talas indiscriminadas, sin la autorización correspondiente o fuera de las reglamentaciones, se logró involucrar a los gobiernos locales (intendencias pero sobre todo las juntas de Gobierno) y las entidades intermedias interesadas. Es decir, el alerta se enciende desde la propia comunidad y, en función de un protocolo que seguramente deberá acordarse, se irían activando los distintos niveles de intervención.

Más allá de que es vital insistir en acciones de concientización que involucren a los productores, arrendatarios, profesionales que intervienen, prestadores de servicios como los aplicadores, y hasta aquéllos que ejerzan la representación estatal, por más modesta que sea la jurisdicción, lo que está claro es que las prácticas deben quedar anotadas y sujetas a aprobación en algún registro público para que surjan responsables. En otras palabras, no puede haber decisiones que se tomen “en negro”, como ahora. Y, en paralelo, debe existir un sistema de multas que conminen al cumplimiento de la norma, que –como alguien dijo – afecten la víscera más sensible de todo ser humano: el bolsillo.

Qué dice el proyecto

En los artículos fundamentales, el proyecto de De la Fuente propone que sean prohibidos “en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos las pulverizaciones aéreas de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como sus dosis. Se exceptúan los casos en que, por las características del cultivo, no se tiene acceso por vía terrestre a la zona a fumigar”.

También se propicia la prohibición de “la aplicación terrestre, dentro de un radio de 1.000 metros a partir del límite de las plantas urbanas y periurbanas en todo el territorio provincial, de plaguicidas, agrotóxicos o biocidas químicos o biológicos, con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres, de interés agrícola y/o forestal, cualquiera sea el producto activo o formulado así como su dosis. Antes de toda práctica que involucre las distancias de seguridad fijadas por la autoridad de aplicación deberá comunicarse en forma fehaciente con 48 horas de anticipación a los vecinos cercanos, comunas, destacamentos policiales rurales y establecimientos educativos rurales”.

Fuente: El Diario - Víctor Fleitas