Las fábricas de pasta de celulosa frente a Gualeguaychú volvieron a causar un fuerte dolor de cabeza al gobierno uruguayo.

Entre sorprendidos e indignados, los funcionarios se despertaron con titulares en los noticieros de radio que repetían las advertencias por el impacto negativo sobre el río Uruguay que podrían causar las futuras plantas de Botnia (Finlandia) y ENCE (España). ¿Qué fue lo que despertó semejante preocupación en la administración de Tabaré Vázquez? Los firmantes del estudio son científicos uruguayos, solventados por el mismo Estado, que defiende con firmeza la instalación de las papeleras y asegura que no causará perjuicios al medio ambiente.

La Facultad de Ciencias de la Universidad de la República decidió emitir un pronunciamiento institucional sobre las fábricas y concluyó que esas plantas tendrán "un impacto muy fuerte" sobre el río Uruguay y que hay riesgos para "los mamíferos expuestos al consumo de agua de los efluentes".

Se trata de una universidad pública, la más grande del país y la única hasta 1985, cuando se instaló en el país la primera de las cuatro privadas que hoy existen.

Luego de que ayer el semanario Búsqueda divulgara el estudio, el gobierno cuestionó a los investigadores y planteó dudas sobre la seriedad del trabajo. El viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra, expresó desconfianza sobre las bases científicas de este informe, porque -a su entender- los investigadores hicieron "afirmaciones sin comprobación empírica".

El estudio multidisciplinario, elaborado por siete especialistas, había sido presentado en la sesión del lunes 26 en el consejo de esa facultad, pero no había trascendido públicamente hasta ayer.

Ante las autoridades universitarias, cada uno de los investigadores expuso su capítulo. Ricardo Cayssiais, del Departamento de Ecología de esa facultad, se defendió ese día por anticipado de las posibles críticas que ayer surgieron. "No se trata de pincharle el globo a Fray Bentos, sino de que la Universidad de la República debe brindar una visión lo más honesta posible porque lo pide [la reglamentación vigente y]se lo debemos al pueblo", expresó el académico.

"No existen los datos necesarios" para determinar el impacto exacto, pero hay "numerosos estudios que analizan las respuestas de los peces y otros organismos acuáticos a la descarga de los efluentes de plantas de celulosa [similares]sobre los cuerpos de agua", se afirma en el estudio.

Fósforo y nitrógeno

El catedrático de Geomorfología Daniel Panario, uno de los autores del estudio, fue responsable de la presentación. Alertó sobre la "cantidad de fósforo y nitrógeno" que las plantas verterán al río Uruguay, que -según se expresó- ya cuenta con esos elementos, por lo que se estima que habrá una saturación de estos y que eso disparará "la presencia de algas tóxicas" y "un riesgo grave a la salud".

El documento es muy crítico del impacto de las plantas. Según "investigaciones de laboratorio" hay riesgos para "mamíferos expuestos al consumo de agua de los efluentes", afirma el informe final. Al detallar los riesgos, el documento científico describe "efectos importantes como reducción en el peso de los testículos, de crecimiento del esperma total y movilidad de los espermatozoides".

El trabajo universitario cayó como un balde de agua fría en el gobierno de Tabaré Vázquez. Generó malestar entre los funcionarios que trabajan en los controles de las plantas de Botnia y ENCE. Desde esferas oficiales se argumentó que el estudio se realizó en escaso tiempo y sin base científica ni consideración de los cuidados adoptados por las dos empresas.

Cuando Cayssiais, uno de los investigadores, respondió un cuestionamiento por la oportunidad de la divulgación del trabajo, justo cuando se espera el fallo de la Corte Internacional de La Haya a raíz de la demanda presentada por el gobierno argentino, el académico recordó que fue "hace un mes y medio" que las autoridades de la facultad les encargaron el trabajo.

Confianza del gobierno

Igorra declaró anoche que el gobierno no sabe cuál es el camino científico recorrido para este trabajo, pero que sí conoce el de los técnicos oficiales que argumentaron que no hay riesgo de impacto ambiental y también el de otros científicos de la misma universidad.

Investigadores del Area Química del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) de la universidad estatal sostuvieron que no había "ninguna razón científica" para oponerse a las fábricas si éstas controlaban sus emisiones.

Fuente: La Nación