El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, anunció este martes la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

La determinación de la Casa Rosada es devolverle a este organismo su status de Dirección nacional, tal como se aprobó en la Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar sancionada en 2014.

Así funcionó durante casi una década, hasta que en noviembre de 2022, un Decreto de Necesidad y Urgencia del ex presidente Alberto Fernández la transformó en un Instituto.

En este marco, Adorni denunció que actualmente trabajaban allí más de 900 personas, cuando la Ley de 27.118 Reparación Histórica marca que solo deberían ser 64.

Y que, con una estructura similar a la de un Ministerio, destinaba casi el 90% de su presupuesto en sueldos y gastos corrientes, por lo que su cierre significará un ahorro de casi 9.000 millones de pesos.

“El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, luego de una revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores”, afirmó Adorni.

Y precisó: “El organismo, que tenía un total de 964 empleados y 164 delegaciones, se va a reducir a una Dirección con 64 empleados, lo que va a significar un ahorro de $ 9.000 millones. El 85% de su presupuesto se dedicaba a pagar sueldos y funcionaba como una agencia de empleo político”.

Según Adorni, con la conformación del organismo se había desplegado una estructura territorial “sobredimensionada” en todo el país, que contaba con cerca de 1.000 empleados, 106 coordinaciones en las provincias y 204 vehículos asignados.

Además de, como se mencionó, un presupuesto cercano a los $ 10.000 millones, de los cuales casi el 90% se destinaba a salarios y otros gastos, tales como autos, celulares y alquiler de oficinas.

La decisión del Gobierno Nacional implica el nombramiento de un interventor en el Instituto, quien realizará una auditoría integral de recursos humanos, físicos y financieros, y evaluará su ordenamiento, al tiempo que se cerrarán las delegaciones territoriales de todo el país, reduciendo aproximadamente 800 contratos que no serán renovados.

Con el cierre, el Instituto volverá a convertirse en una dirección nacional con un plantel de 64 personas, tal como lo estipula la Ley 27118 de Reparación Histórica de Agricultura Familiar.

En ese marco, la Federación Agraria Argentina expresó su posición: “En el decenio de la agricultura familiar, Argentina debe discutir políticas públicas específicas, en el ámbito adecuado dentro de la Secretaría de Agricultura”, se titula el texto que dio a conocer la entidad presidida por Carlos Achetoni.

Para la entidad, “sería un error eliminar el área donde Argentina debe discutir políticas públicas específicas”, porque “más allá de comprender la importancia de analizar cómo se venía gestionando dicho instituto, y las necesidades económicas que aquejan al país, que obliga a reducir gastos, sostenemos que los pequeños productores comprendidos en ese universo siguen necesitando del apoyo técnico, asistencia y acompañamiento de parte del Estado Nacional”.