La Sociedad Rural Argentina advierte el perjuicio que la sanción de la llamada "ley de la madera" en Entre Ríos generará a numerosos productores forestales de esa provincia, escondiendo bajo el ropaje de la defensa del ambientalismo un problema de índole internacional que excede las facultades propias de una ley provincial.

La citada ley pretende prohibir a las empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos la venta de rollizos o chips, en forma directa o indirecta, a las industrias establecidas en el Uruguay, cuya finalidad es la producción de pasta celulósica con procesos químicos o semiquímicos. También prohíbe el ingreso y salida de la jurisdicción provincial de rollizos o chips de madera transportada con destino a dichas industrias.

La atribución de las provincias de legislar sobre temas de medio ambiente no puede implicar la sanción de una normativa contraria a principios consagrados en la Constitución Nacional y violatorios de compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Si bien la Carta Magna deposita en las legislaturas locales la atribución de legislar en temas de medio ambiente –siempre que dicha normativa local complemente los presupuestos mínimos federales–, la Legislatura de la provincia de Entre Ríos carece de competencia en materia de comercio interprovincial e internacional, pues ésta es facultad exclusiva del Congreso de la Nación.

La sanción de esta ley es ilegítima por no resultar competente la Legislatura de Entre Ríos para legislar en materia de comercio, por violar otros derechos de base constitucional (como ser el de ejercer industria lícita, a comerciar libremente, a trabajar y de propiedad), así como también normas internacionales vinculantes para nuestro país, como son los acuerdos de la OMC y las obligaciones asumidas en el marco del Mercosur.

Exhortamos a las autoridades competentes de la provincia de Entre Ríos a que, sin apasionamiento de ninguna índole, revean esta actitud contraria al interés nacional.