La situación presenta carácter de urgencia: la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto con organizaciones ambientalistas e instituciones académicas y vecinales, denunció ayer que se agrava la problemática de la cuenca hídrica La Matanza-Riachuelo, el principal foco de contaminación del país, que provoca serios problemas de salud en los 4,6 millones de habitantes que residen en la zona.

Según un riguroso informe de seguimiento hecho por ese organismo, que conduce Eduardo Mondino, desde diciembre de 2003 hasta hoy no hubo acciones positivas y nada ha cambiado. La Defensoría y las entidades solicitaron que el gobierno nacional interviniera inmediatamente, en razón de que, afirmaron, de poco sirvieron para sanear el lugar las acciones independientes de las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

"Este seguimiento revela la falta de un plan concreto, realista e integral para sanear la cuenca. Hay muchos chicos enfermos por la contaminación ambiental y todo sigue como antes", dijo Mondino a LA NACION.

"Todos los poderes –el gobierno nacional, provincial, municipal y de la ciudad de Buenos Aires– deben trabajar en forma conjunta para encontrar una solución a este tema, que hasta ahora no la tuvo. Hay cosas para hacer, pero hacer, pero por distintas cuestiones, aún no se pusieron en marcha", dijo Mondino a LA NACION.

El informe especificó que no hubo avances para disminuir la magnitud del deterioro que afecta a los recursos naturales de la cuenca y a la salud de la población. Tampoco se ha logrado, aseguran, disminuir el vuelco de sustancia de origen industrial (xenobióticas), cloacal o agropecuaria en el agua, el suelo y el aire de la cuenca.

En cuanto a los basurales instalados a la vera de la cuenca, la investigación reveló que no se ha modificado demasiado el panorama; incluso, se incrementaron los focos infecciones que estos bolsones contaminantes generan. Para peor, las obras públicas y el sistema sanitario de agua y de cloacas, en proyecto o en ejecución, no cumplen con los requisitos previstos por los estudios de impacto ambiental, dijeron.

"Para las autoridades sanitarias de la Nación, el alto impacto que tiene la presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos que producen la alteración y destrucción de la flora, la fauna, la tierra, el agua y el aire, y afecta la salud de los 4,6 millones de habitantes que residen en la cuenca, no son razones suficientes para la realización de estudios epidemiológicos", comentó Mondino, que descartó iniciar acciones judiciales contra las autoridades con jurisdicción en el Riachuelo, por considerar que no era la vía más conveniente.

Según las denuncias, en el cuadro jurídico institucional, las autoridades nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad no han consensuado líneas de acción concretas para constituir una "autoridad de cuenca", una figura que asuma la responsabilidad directa para crear un plan ambiental. Vale consignar, también, que meses atrás la Auditoría General de la Nación presentó a varias organizaciones no gubernamentales un detallado informe sobre la grave situación ambiental por la que atraviesa el Riachuelo y en el que advirtió sobre una posible "catástrofe sanitaria".

LA NACION consultó a las distintas autoridades nacionales, provinciales y de la ciudad. "El Riachuelo está contaminado desde hace 200 años, pero esto no significa que no deba hacerse algo para resolverlo. La gestión de Kirchner terminó el aliviador del arroyo Cildáñez, que permite que el agua llegue más limpia al curso central del río para que no se produzcan anegamientos. No podemos decir que no se está haciendo nada", dijo la secretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, Silvia Suárez Arocena.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, una alta fuente indicó: "Se ha constituido el Comité de Cuenca y nosotros no tenemos responsabilidad directa, aunque es cierto que la secretaría apoya este comité. Estoy seguro de que no se hizo todo lo que se podía hacer, sino el informe de los organismos hubiese sido otro". En tanto, anoche, LA NACION esperaba una comunicación con Marcelo Vensentini, ministro de Medio Ambiente de la Ciudad.

Del crítico informe participaron, además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Ciudad, la Fundación Metropolitana, Greenpeace, Poder Ciudadano, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Matanza, la Asociación Popular La Matanza y la Asociación Vecinos La Boca.