La Argentina fue y será un referente global confiable, altamente competitivo y sustentable, como abastecedor de bienes y servicios agropecuarios, energéticos, forestales, agroalimentarios y agroindustriales; sólo requiere de una política que incentive las inversiones y terminar con este ambiente conflictivo que las ahuyenta.

Para 2050 se espera que la población mundial alcance los 9500 millones de habitantes que demandarán no sólo mayor cantidad de alimentos sino más sanos, más seguros y que su obtención se realice en una relación muy amigable con el medio ambiente. Los empresarios rurales estamos dispuestos a enfrentar ese desafío, incorporando tecnología de última generación que nos permitirá mejorar la productividad.

A lo largo de las últimas décadas, los empresarios rurales han atravesado un abanico de gobiernos y enfrentaron diversas vicisitudes políticas, económicas y sociales. Dentro de esa gran diversidad de políticas podemos mencionar aquellas que se desarrollaron con un alto grado de intervencionismo, hasta las que se manifestaron como profundamente liberales.

Aun en esa diversidad de escenarios, los productores agropecuarios adoptaron rápidamente las nuevas tecnologías con el fin de alcanzar altas productividades, por eso son considerados como uno de los más competitivos del mundo.

La Argentina ha carecido de una política de Estado que brinde una visión de largo plazo a los empresarios de todos los sectores productivos. Peor aún, las políticas gubernamentales implementadas a lo largo de las últimas décadas se han basado en una fuerte transferencia de recursos desde sectores altamente competitivos hacia diversos ámbitos gubernamentales y entre distintos sectores a los que se les brindaron además políticas proteccionistas por su baja competitividad, desestimulando nuevas inversiones y con ella la incorporación tecnológica necesaria para mejorar la productividad.

El agro, a pesar de haber sido la ventaja comparativa y luego competitiva más importante de la Nación, siempre transfirió legítimos recursos a otros sectores de la economía, por cierto menos competitivos y con alto grado de protección, participando de esta manera del desarrollo de otras industrias y servicios, de modo compulsivo.

A través de los distintos estamentos estatales se habla de la necesidad de avanzar en la elaboración de productos con mayor valor agregado, como estratégica fundamental, para lograr un mayor beneficio económico, sin advertir el alto nivel de valor agregado que ofrecen la exportación de productos agroindustriales que han sido transformados en aceites, harinas y biocombustibles, entre otros. Y si bien es cierto que se puede continuar agregando valor a la vasta canasta de commodities que ofrece la agroindustria al mercado interno y al internacional, para desarrollarlo se requiere de políticas que impulsen la inversión.

Para poder avanzar se deben desarrollar bienes y servicios relacionados a las fortalezas del país. Al respecto, el sector agroindustrial debería ser la piedra fundamental a partir de la cual se genere una política de Estado que impulse el crecimiento sustentable.

La generación de cluster productivos es un camino a seguir que otorgará mayor competitividad a nuestro país.

Las debilidades que enfrentamos no son pocas ni fáciles de solucionar, la falta de seguridad jurídica, la mala educación pública, las excesivas rigideces laborales, las deficientes políticas energéticas -que no han dado paso a una estrategia de largo plazo-, la baja inversión en infraestructura -que acerca a las economías denominadas como regionales a los importantes centros de consumo interno y mundiales- se suma la sobreponderación del Estado y su fuerte intervencionismo.

De no revisarse estas políticas de manera profunda y fundamental, no se podrá mejorar la competitividad del país y sin ella no alcanzaremos un mayor bienestar.

Al mirar hacia adelante, el productor tiene la visión, la iniciativa y el entusiasmo. Le sobran herramientas y capacidad para enfrentar estos nuevos desafíos, sólo necesita un entorno de previsibilidad, reglas de juego claras que impulsen la inversión y un Estado presente que acompañe y no obstaculice.

Fuente - La Nación