Mediante el uso de tecnología satelital y un sofisticado procedimiento de inteligencia y evaluación de ganancias, el gobierno bonaerense prepara para el próximo año una ofensiva que pretende regularizar el cumplimiento fiscal de los productores agropecuarios, en especial los que utilizan el difundido sistema de acopio con silobolsas.

Según un estudio preliminar basado en casos testigo, al que accedió LA NACION, ARBA detectó una evasión del 70% en el pago del impuesto a los ingresos brutos por parte de propietarios rurales que, hasta octubre último, habrían omitido declarar silobolsas que almacenaron 3692 toneladas de soja, con un valor de mercado de $ 2.308.258 durante la campaña 2007-2008.

Con la incorporación de imágenes satelitales de alta resolución ( quickbird ), que permitirán calcular variaciones de stock almacenado en silobolsas, el director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Santiago Montoya, se propone ahora avanzar en la liquidación de las ganancias estimadas de 7286 productores, catalogados como "contribuyentes reticentes", que, para el fisco, no declararon la venta de su producción acopiada.

Pagos a cuenta

De hecho, según confiaron fuentes de la ARBA, el organismo ya preliquidó pagos a cuenta para 500 contribuyentes reticentes dueños de predios de más de 230.000 hectáreas, por un total de $ 2 millones en concepto de impuestos evadidos. De los registros de la oficina recaudadora provincial surge que de los 7286 titulares rurales inscriptos en ingresos brutos que fueron considerados reticentes, sólo 4684 poseían valor de producción en la campaña 2006 y 2007.

"Esta investigación avanza en precisión de la información. Las herramientas que incorporó el fisco permiten conocer de manera fehaciente las ventas efectivas realizadas por los productores y compararlas con las declaradas por los contribuyentes como base imponible de ingresos brutos", afirmó Montoya.

En el informe se destaca el alto nivel de marginalidad del sector agropecuario, que es calificado por las autoridades de ARBA de "mala conducta tributaria". El funcionario provincial sostuvo: "La nueva técnica aplicada sirve para desmembrar un círculo de comercio irregular, en el que no se informaba a la autoridad de aplicación la existencia de los silobolsas ni la comercialización de esos productos".

El método utilizado para calcular la base imponible se basa en la presunción de rendimientos de cultivos agrícolas y determina un valor relativo a través del índice de vegetación por diferencia normalizada (IVDN), o "índice verde", que surge de las imágenes del satélite Landsat -que explora la superficie provincial cada 15 días- de cada cultivo, que se relacionan con datos obtenidos en el campo e información de rendimientos promedio de, entre otras fuentes, la Secretaría de Agricultura.

El uso de silobolsas proliferó este año, a partir de la crisis que enfrentó al campo con el Gobierno. Muchos productores comenzaron a guardar su producción ante la merma de la rentabilidad y la incertidumbre generada por el conflicto, a lo que últimamente se sumó la caída de los precios internacionales. Ante esto, Montoya, que hace más de cuatro años comenzó una pertinaz investigación sobre el sector y en 2007 lanzó el plan de control fiscal agropecuario, mandó a sus sabuesos a posar la atención en esas enormes bolsas desplegadas en los campos bonaerenses.

La provincia puede aplicar la estimación de ingresos no declarados gracias a la entrada en vigor, en julio último, de una reforma de la ley 13.850, que posibilitó la utilización de los valores de producción estimados por el denominado "índice verde" para la liquidación de pagos a cuenta.

Reparos entre productores

Las entidades rurales pusieron reparos a la ofensiva tributaria en ciernes. "Montoya se equivoca, porque los silobolsas contienen acopio que no ingresó en el circuito comercial y, por lo tanto, no puede ser motivo de cargas impositivas porque es lo mismo que el cultivo no cosechado", se quejó Abel Guerrieri, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) e integrante de la mesa de productores provinciales. Según el dirigente, el mecanismo de estimación es "absurdo y caerá en errores porque no todo el acopio se destina a la comercialización".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pedro Apaolaza dijo: "Hoy es muy difícil evadir impuestos, porque se ha limitado mucho la comercialización en negro y, en el campo bonaerense, todo el mundo paga lo que corresponde", con lo que rechazó los planteos de escaso cumplimiento fiscal del sector.

"La precisión de las herramientas tecnológicas que emplea ARBA y el entrenamiento de profesionales abocados al estudio del sector permitieron desvirtuar maniobras tendientes a eludir las obligaciones fiscales y lograr el monitoreo pormenorizado sobre quienes explotan las extensiones rurales. Estamos convencidos de que un Estado inteligente hace una sociedad más justa. Sólo así lograremos reconciliar a la gente con el Estado", se defendió Montoya, que a partir de enero comenzará a intimar a titulares de 63.000 partidas rurales con un valor de producción de $ 2.024.826.257 que no cumplen con sus obligaciones

Fuente: La Nación