El titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, adelantó este martes que en los primeros días de diciembre se liberarán a la exportación unas 2,3 millones de toneladas de trigo.

El ministro formuló el anuncio al intendente de la localidad de Leones, Córdoba, la capital nacional del trigo, Fabián Francioni, con un anticipo de una liberación de 300 mil toneladas ya concretadas a las que se sumarían 2 millones más, el próximo 2 de diciembre.

El saldo remanente para la exportación quedaría en unas 2,5 millones de toneladas, sobre el trigo que ya comenzó a cosecharse de la campaña 2010/11.

El anuncio se dio a conocer cuando desde la entidades, como la Federación Agraria y Carbap, reclaman la liberación del mercado con denuncias de transferencias de ingresos a los sectores de la exportación y la industria molinera.

Desde la entidad que conduce Eduardo Buzzi, se envió este martes una nota a los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, y del Senado de la Nación, Julio Cobos, para que en el Parlamento se inicie una investigación sobre la comercialización del cereal.

La misiva firmada por el presidente de la FAA y el segundo de la entidad, Omar Barchetta, pide a las máximas autoridades del Congreso que se constituya una “Comisión Investigadora sobre las operaciones de comercio de granos del país, las intervenciones de la Secretaria de Comercio Interior y los beneficios extraordinarios que obtuvieron empresas exportadoras y procesadoras de granos”.

Los dirigentes federados apuntaron directamente a Guillermo Moreno y basaron su pedido en “la escandalosa transferencia de recursos de los pequeños y medianos productores a los sectores más concentrados de la economía”.

En la nota aseguran que la toma de ganancias de esos sectores se da “con la complicidad y/o negligencia de una errónea y poco transparente política de intervención por parte de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación, que terminan siempre aumentando las ventajas de los sectores concentrados e intermediarios de la producción”.

La entidad recordó de paso el incumplimiento de la ley 26.397, promulgada hace dos años, y por la cual se creó una Comisión bicameral para investigar “presuntas irregularidades en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agropecuarios” producidas hacia fines de 2007 cuando se elevaron las retenciones a la soja del 27,5 al 35%.

La FAA remarca que por no haberse cerrado a tiempo los registros de exportación en 2007 se transfirió unos “1.700 millones de dólares que quedaron en manos del sector exportador en perjuicio del sector primario y del tesoro nacional”.

Por ese mismo caso la AFIP reclama judicialmente a las cerealeras unos 827 millones de dólares según explicó hace pocas semanas Ricardo Echegaray, titular del ente recaudador, en la Comisión Agricultura y Ganadería de Diputados donde concurrió para exponer sobre “Evasión de Grandes Grupos Concentrados”.

Fuente: El Enfiteuta