La judicialización del uso de fitosanitarios “no resuelve nada” y “sólo genera parálisis e incertidumbre”.

Los principales actores de la producción agropecuaria de Entre Ríos expresaron su “más profunda preocupación” por la situación que atraviesan los sectores agropecuario, agroindustrial, y los profesionales asociados a estas actividades, entre otros, que están directa e indirectamente involucrados a los rubros productivos afines, ante “las indefiniciones por parte del Estado provincial respecto de las distancias de las pulverizaciones agrícolas”.

En un comunicado, nueve entidades remarcaron que “cuando hablamos del Estado, no lo hacemos solamente en referencia al Poder Ejecutivo, sino que englobamos a la Legislatura y al Poder Judicial, ya que todos de una u otra manera, por acción u omisión, han tenido responsabilidad para que hayamos llegado a esta situación de imprevisibilidad que compartimos con todos los actores del arco productivo rural de la provincia”. Y así lo describe la nota publicada por DOS FLORINES.

Muy molestas, las entidades consideran en el texto que “resulta necesario destacar que la incertidumbre que se desprende del actual estado de cosas es un elemento paralizante y sumamente injusto”, dado que “hablamos de una actividad absolutamente lícita y a pesar de ser damnificados y rehenes de la situación, somos acusados de manera irresponsable por parte de sectores que nunca han podido respaldar científicamente sus dichos”.

“Llamativamente y sin que se esgriman justificaciones de peso, hoy las ciencias agrarias y todas aquellas acciones que tienen que ver con una producción más amigable con el medio ambiente, son demonizadas. Siempre hemos defendido las buenas prácticas agrícolas y hemos dado a conocer nuestro rechazo hacia toda acción contraria a ellas, ya que la irresponsabilidad de algunos no puede hacer que se nos castigue a todos. No obstante ello, la prohibición lisa y llana de la actividad, la reglamentación sin parámetros respecto de las pulverizaciones y el ataque sistemático hacia los productores, no podemos ni debemos tolerarla”.

Capricho y demagogia.

Con un durísimo tono crítico, las entidades agregan que “si bien todos conocemos las miserias que llevaron a la Cámara de Diputados de Entre Ríos a no tratar la ley de fitosanitarios, hoy el decreto reglamentario emanado desde el Ejecutivo ha sido revocado por una medida judicial caprichosa y demagógica”. En este sentido, “nos preocupa que a la Justicia entrerriana no le interese recabar datos científicos ni del ámbito del sistema de salud a la hora de dictar una medida”.

A modo de ejemplo, señalan que “es extraño” que el Ministerio de Salud de la provincia “tenga informes epidemiológicos y no dé a conocer los resultados”. Lo “más triste del caso”, remarcan, es que “ello tal vez ocurra porque los mismos sean benévolos con el sector agropecuario. Igual de sorprendente es que los entes sanitarios nacionales y provinciales no sean tenidos en cuenta. La pregunta que surge desde el más estricto sentido común es: ¿Qué elementos habrá sopesado la Justicia para decidir en una cuestión técnica de esta magnitud? Lamentablemente, se erige como respuesta que los mezquinos intereses políticos han triunfado una vez más por sobre la razón y la justicia”, cuestionan las entidades.

“Para colmo, en el medio de un debate que aún no se dado profundamente con todos los actores involucrados, algunos sectores políticos, gremiales y ambientales han tomado esto como una bandera para sacar una tajada sectaria e irresponsable. Paralelamente, ni a estos grupos ni al Estado les preocupa que no haya cuerpos técnicos provinciales que estén acordes a las circunstancias y a la importancia de la temática. Las áreas competentes en la materia no tienen ni personal, ni equipamiento para llevar adelante un trabajo de control a lo largo y ancho de la provincia, lo que termina siendo un ejemplo cabal del desinterés y de la falta total de dimensionamiento de la problemática que padecen miles de productores entrerrianos”.

En resumen, “no les interesan la producción ni los productores, salvo a la hora de recoger la recaudación de los asfixiantes impuestos provinciales, los más altos por lejos de la región”.

La cuestión social.

Pero la gravedad del problema no se extingue en la faz productiva, añaden luego las entidades firmantes del comunicado. “Hay un aspecto tan grave como el económico y es la dimensión social. Dejar de producir en más de 300 mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen desarrollando muchos entrerrianos. Eso dejará secuelas sociales profundas, tal vez irrecuperables. Ninguno de los tres Poderes del estado entrerriano ni los impulsores de esta medida judicial ridícula se han detenido a pensar en las familias, en los tamberos, en los pequeños productores. A nadie le importa su suerte. Subidos a una falsa e inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos de tierra adentro. Total, los micrófonos y los flashes más resonantes, los que dan más presencia mediática, están en las grandes ciudades. Mientras tanto, los productores y los vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota de empatía, para entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos dentro de una actividad lícita y pilar de la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente, somos el pato de una boda ajena”, sostienen.

El comunicado es rubricado por la Regional Paraná de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, la Federación Agraria Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Federación Entrerriana de Cooperativas y la Sociedad Rural Argentina.