Pese a haber recibido con beneplácito la decisión del Gobierno de autorizar la exportación del equivalente a un 40% de las ventas externas de carne vacuna concretadas entre junio y noviembre de 2005 y de liberar el 100 por ciento de las de productos termoprocesados, representantes del campo no dan por cerrada la posibilidad de realizar un paro para expresar su descontento con la política oficial hacia el sector.
"¿Por qué no vamos a ir al paro? Hoy no podemos decir que queda suspendido. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha consultado a sus bases y ahora, el 7 de junio, nos vamos a sentar en el consejo directivo (de la entidad), donde cada confederación (son 13) dirá lo suyo", dijo Néstor Roulet, vicepresidente de CRA.
Según el dirigente, muchos productores están convencidos de que esta medida no resuelve problemas de fondo en el sector. "Es el comienzo de algo, pero ahora falta el resto, como trabajar para un plan ganadero y para que el productor, que ha tenido terribles incrementos de costos, tenga rentabilidad", indicó.
Ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que las exportaciones habían comenzado a liberarse luego de haberse ordenado los precios. Además, pareció enviarle un mensaje al sector cuando dijo: "Nuestro objetivo no era perjudicar a nadie".
Por su parte, Roulet puso en cifras el impacto que, a su criterio, causó hasta ahora el cierre de las exportaciones. "Aparte de producir una pérdida de 400 millones de dólares, bajó en un 50 por ciento el patrimonio del productor. Es decir, si en la Argentina, donde hay 55 millones de cabezas, antes de la veda los ganaderos tenían un capital de 55.000 millones de pesos, a razón de un promedio de 1000 pesos por animal, ahora tienen 27.500 millones de pesos, porque esos ejemplares ahora valen 500 pesos", destacó.
Ricardo Osella, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con sede en Córdoba, señaló que su entidad continuará impulsando el paro. "Nuestra posición no se va a modificar; vamos a seguir insistiendo en paros y medidas de protesta", subrayó el ruralista, quien no obstante agregó: "Reconocemos que nos hayan recibido y se hayan levantado parcialmente las exportaciones".
A la espera
En verdad, después de casi una decena de movilizaciones en el interior, a algunas entidades se les plantea el dilema de si tiene sentido concretar una medida de fuerza. Al respecto, Javier Jayo Ordoqui, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) -que forma parte de CRA y que anteayer fue recibido por Kirchner-, prefirió señalar que será su consejo directivo, que se reunirá el jueves próximo, el que tomará la decisión final. "El que decide va a ser el consejo. Creo que se avanzó respecto de la situación en que estábamos hace una semana", afirmó.
En cambio, Manuel Cabanellas, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), consideró que el sector se había distanciado un poco del paro. "Creo que nos alejamos, ya que empezamos un camino para buscar soluciones", precisó.
A todo esto, Mario Ravettino, director ejecutivo del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC, según sus siglas en inglés), subrayó que una vez publicada la norma sobre la reanudación parcial de las ventas al exterior (esta previsto que se publique mañana en el Boletín Oficial) el sector dará una opinión sobre "los elementos que hacen a la reapertura". Entre ellos figura la cantidad de operarios que se podrían necesitar, el volumen por exportar y las cabezas de hacienda que se requerirán para su faena. Hoy, en la industria hay 8500 empleados que cobran un subsidio que dispuso el Gobierno tras la veda.
Finalmente, Carlos Oliva Funes, presidente del ABC, descartó que la reanudación de los embarques vaya a provocar un alza de precios de la carne. "No creo que repercuta en el mercado interno porque tenemos un acuerdo de precios que se está cumpliendo", enfatizó.
Fuente: La Nación
