Hace un año atrás la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados la Nación analizaba en una de sus sesiones el impacto que tendría el aumento a las retenciones a las exportaciones de productos lácteos que acababa de aplicar el gobierno.

El escenario de la época indicaba que se estaba produciendo un conflicto originado en el retraso de la oferta interna de materia prima para atender la expansión de la demanda doméstica y externa. Argentina tiene un consumo per cápita similar al de los países desarrollados.

Sin embargo, las medidas que tomó el gobierno de allí en más tuvieron como única mira evitar el incremento de los precios internos. Por ello, se aumentaron las retenciones a las exportaciones, se eliminaron los reintegros a las exportaciones y se controlaron los precios internos. Los impactos de las decisiones fueron diferenciales en el sector lácteo conforme al tipo de empresa que se tratara. Bajo, en las PYMES que exportan poco menos del 27% de los quesos y participan en un 10% en la leche en polvo y, alto en las grandes empresas del sector lácteo y, en mayor medida en SanCor que exporta tanto leche en polvo como quesos. (Es de destacar que no obran en la Cámara de Diputados proyectos presentados con anterioridad a la crisis de SanCor por ningún diputado oficialista de la provincia de Santa Fe que se ocupara del problema).

El discurso ideológico que ha acompañado estas medidas puede hacer suponer que ellas se enmarcan en una política económica que vela por los consumidores y por el interés nacional. Sin embargo, existen otros problemas que no se encaran hasta que "explotan" en la cara de los funcionarios.

Uno de ellos es el relacionado con la falta de una política gubernamental dirigida a buscar soluciones viables y compartidas a los problemas de financiamiento y de inversión que enfrentan las grandes empresas lácteas. El endeudamiento externo de SanCor y de la Serenísima originados en préstamos en dólares contraídos durante la convertibilidad no es una novedad para los funcionarios del estado.

Resulta inaceptable que, de acuerdo a informaciones periodísticas[1], el gobierno recién haya intentado actuar cuando a las empresas no les quedó más margen de negociación con sus acreedores, luego de que se vieran obligadas a refinanciar los intereses de sus deudas en los pasados dos meses.

Si se quería que las empresas no tuvieran que enfrentar el agravamiento de su situación financiera, tendrían que haber buscado, en esta materia, soluciones compartidas con las firmas y, simultáneamente, diseñar medidas orientadas a estimular la inversión productiva y/o tecnológica de forma tal de que se pudiera sostener la viabilidad económica y financiera de las mismas y evitar la posibilidad del traspaso del control nacional a manos extranjeras.

En este marco, resultan irrisorios los montos máximos de 1millón y 3 millones de dólares que, según su página web, ofrece el BICE para créditos de bienes de capital o de de inversión, respectivamente. La pregunta que cabe hacerle al gobierno es cómo se compatibiliza su retórico discurso nacionalista con la falta de reflejos para evitar que las grandes empresas lácteas se desnacionalicen (el hijo de Soros se asociará a SanCor, los franceses a través de Danone se vincularon a la Serenísima, la compra de frigoríficos exportadores por parte de capitales brasileros valen como ejemplos).

Tampoco el gobierno parece atender el meollo del problema lácteo, es decir, la falta de aumento de la producción de leche. Vieja cuestión que afecta tanto a los productores como a las empresas. Los primeros porque las usinas reducen los precios de compra a los tamberos para mantener sus costos frente a las restricciones que impone el congelamiento de precios del mercado doméstico y el alza en los salarios de sus trabajadores. Y las empresas que atienden el mercado interno, porque al aumentarse los costos no pueden incrementar la producción por falta de oferta, ni los precios por el control de precios que impuso a presión la Secretaría de Comercio Interior desde noviembre de 2005.

Hemos vivido un país que idelogizó los instrumentos política económica e hizo de la convertibilidad un dogma. No debe ocurrir lo mismo con el control de precios directo (acuerdos, congelamientos), o indirectos (retenciones). La complejidad de las situaciones económicas requiere de flexibilidad en el uso de los instrumentos de política. Caso contrario, los efectos inesperados de las políticas inflexibles pueden dejar a los argentinos sin grandes empresas lácteas controladas por argentinos.

Por Lilia Puig de Stubrin. Diputada Nacional UCR (mc) ex miembro de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación