Ya dio la orden de que el oficialismo en el Congreso apruebe tal como está el proyecto de prórroga de las facultades delegadas que se trataría mañana en la Cámara de Diputados y provocó con ello una dura batalla, ante la embestida opositora para aprovechar el momento y forzar un rebaja en las retenciones.

No sólo no hay posibilidad alguna en el corto plazo de que el matrimonio Kirchner acepte conceder una alícuota más baja para los granos, tal como anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, después de la reunión con la Comisión de Enlace.

La Presidenta envió mensajes hacia Buenos Aires desde esta ciudad: necesita el plazo de un año para que se revisen las facultades que hoy están en manos de su gobierno y que vencen el 24 de este mes, entre las que figura la potestad de aplicar el Código Aduanero, que legisla sobre los derechos de exportación.

Mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados hace malabares para conseguir que las facultades delegadas no caigan estrepitosamente, la Presidenta resiste.

En la visión del Gobierno, si se abre la puerta a los reclamos del grupo de legisladores que estarían dispuesto a apoyar que sea el Poder Ejecutivo el que fije las retenciones siempre y cuando en un plazo no superior a los seis meses se revise el paquete de leyes delegadas, tampoco convence en los más altos funcionarios oficiales. Es un tiempo que la Casa Rosada, según se escuchó en la comitiva en esta ciudad, no está dispuesta a aceptar. Por eso la posición que asuman los 15 diputados enrolados en el bloque Solidaridad e Igualdad (SI); Proyecto Sur, de Claudio Lozano, y Encuentro Popular, de los diputados Ariel Basteiro y Vilma Ibarra, será indispensable para que el Gobierno consiga la media sanción del proyecto. No será tarea sencilla, porque desde este sector progresista ponen condiciones.