En Entre Ríos se registran casos emblemáticos como el terraplén de Iberpapel en un humedal del departamento Colón. En tanto, el otro proyecto propone un marco normativo para las áreas marinas protegidas argentinas. Son dos textos que impulsó la senadora Elsa Ruiz Díaz (FpV-Entre Ríos).

Seg{un publicó Análisis Digital, la legisladora indicó que “luego de mucho trabajo en comisión, con importantes aportes de distintos organismos, hemos aprobado estos proyectos que representan un importante avance en la protección de nuestros recursos naturales y la defensa del medio ambiente”. En la misma línea, mencionó a los distintos grupos que sumaron su opinión sobre los proyectos: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Cancillería, la Administración de Parques Nacionales, el Consejo Federal Pesquero y organizaciones de la sociedad civil, como el Foro Conservación del Mar Patagónico, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Humedales.

Ruiz Díaz aclaró que “estas iniciativas se inscriben en una de las líneas directrices de la política ambiental del gobierno nacional, que busca estrategias que armonicen la compleja ecuación entre desarrollo productivo y cuidado ambiental, equilibrio que es un pilar para el modelo de crecimiento con justicia e inclusión social que se implementa desde 2003”.

Humedales

“Los humedales no son solo aquellos que están en mi región bañada por importantes cursos de aguas de la Cuenca del Plata, sino que existen otros ecosistemas de humedales en el país cuya desprotección iría en contra del bienestar de nuestros compatriotas”, explicó la senadora, autora de la iniciativa junto a los senadores Corregido, Giménez, Luna y Guastavino.

Entre los objetivos centrales del proyecto que propone establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional de los humedales, se encuentra el perfeccionamiento del inventariado y la identificación de actividades que amenazan la conservación y la sustentabilidad de los humedales en todo el territorio de la Nación.

Además mantener los procesos ecológicos y culturales de los humedales, garantizando los servicios ambientales que brindan; proteger y conservar su biodiversidad; contribuir a la provisión del agua y regulación del régimen hidrológico en las distintas cuencas del territorio nacional.

Sobre la base de la definición de humedales de la Convención de RAMSAR aprobada por Ley Nacional N° 23.919, el proyecto procura articular el uso racional de los humedales en correspondencia con las necesidades de desarrollo económico y social inclusivos.

“Esto significa que procuramos que el disfrute de los servicios ambientales de los humedales sea compatible con las actividades productivas provinciales, teniendo en cuenta el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales (artículo 41 de la Constitución Nacional)”, aclaró.

“En el país, existen importantes grupos de científicos y permanente actividad gubernamental trabajando sobre la temática, pero no se ha observado que la información producida tenga una recepción legislativa acorde con la importancia y el desarrollo alcanzado”, afirmó.

Los humedales, representan el 5,8 por ciento de la superficie terrestre, pero que constituyen ecosistemas de importancia crítica por los beneficios económicos, sociales y ambientales que brindan a la sociedad.

Áreas marinas protegidas

El objetivo del proyecto de creación de un marco normativo para las áreas marinas protegidas argentinas es, según explicó Ruiz Díaz, “favorecer la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sustentable y la presencia nacional en el mar, a partir de permitir el aumento de la superficie de las áreas marinas protegidas y optimizar la administración de las existentes”.

“Las áreas marinas protegidas han sido implementadas en diversos países y constituyen una herramienta de manejo fundamental para enfrentar algunas de las amenazas del ambiente marino: la sobreexplotación de los recursos vivos, la degradación del hábitat, la contaminación y la introducción de especies exóticas”, agregó la legisladora, al tiempo que indicó que “diversos estudios han demostrado su efecto beneficioso en la recuperación de las pesquerías y sobre la estructura y el funcionamiento del ecosistema marino adyacente”.

A su vez, manifestó que “los intereses de nuestro territorio, tanto continental como marítimo, requieren de todos los instrumentos legales que faciliten la presencia argentina y un manejo sustentable de nuestros recursos. El Mar Argentino presta servicios ecológicos esenciales para nuestro país y la humanidad, por lo cual generar herramientas que afiancen nuestra soberanía y compatibilicen los diversos usos con la protección de la biodiversidad marina, es fundamental para nuestra visión del desarrollo sustentable”.