El monte es un ecosistema protegido por ley provincial (Nº 10284) y nacional (Nº 26331). En Entre Ríos las talas de estos espacios forestales están prohibidas, a excepción de aquellas que son autorizadas específicamente por la autoridad competente, que en el caso entrerriano es la Dirección de Recursos Naturales que depende de la Secretaría de la Producción.

En base a consultas realizadas para conocer el estado del monte en la provincia y la realización o no de talas indebidas, se pudo saber que no se están realizando inspecciones.

El área en cuestión - que está bajo la dirección de Claudio Ledesma – está prácticamente paralizada. A esa situación llegó luego de ir reduciendo paulatinamente las recorridas y los controles hasta dejarlos en cero, como viene ocurriendo “desde hace más de tres meses”.

La repartición - que recibió oportunamente fondos de Nación para equipamiento y “fortalecimiento institucional” - tampoco cuenta con un vehículo propio para llevar adelante las inspecciones, ya que el único que tenía se averió y no fue reemplazado.

A su vez, de los cinco técnicos que se desempeñaban allí, sólo quedan cuatro ocupados ahora sólo para tareas administrativas.

Los planes sin ejecutar

La ley nacional del 2007 que fijó “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”, planteó la posibilidad de que los dueños de monte puedan presentar planes de sostenimiento y conservación de estos ecosistemas y a cambio, recibir una retribución económica a modo de “compensación”.

En ese sentido, esta Agencia pudo saber que desde que Entre Ríos sancionó (en 2014) y reglamentó (en 2015) la ley de ordenamiento territorial de monte nativo, distintos productores presentaron al menos “40 planes de manejo del monte”, los cuales siguen sin resolverse.

De esa manera, los fondos que todos los años envía la Nación para financiar y “compensar” estos proyectos, siguen sin utilizarse y al día de hoy, en el denominado “Fondo para el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Entre Ríos”, habría unos “33 millones de pesos” acumulados esperando ser ejecutados, lo que representa el incumplimiento de los mandatos de las normas mencionadas. (APFDigital)