Cuando todavía no se publicó en el Boletín Oficial la anunciada resolución con la que el Gobierno buscará asegurar la estabilidad del precio del pan y destrabar el mercado local del trigo, los exportadores volvieron a comprar el cereal y terminaron con casi un mes de ausencia en la plaza. En tanto, la expectativa crece entre los productores, que esperan poder acceder ahora al precio lleno, como llaman al valor internacional del cereal.

La demora del Ministerio de Economía en dictar la normativa puede responder a la búsqueda de los caminos legales que permitan plasmar el eje central del proyecto: que los exportadores compren toda la producción de trigo y le vendan una tercera parte, a un precio no mayor de 120 dólares la tonelada, a la industria molinera. De hecho, para poder embarcar el grano, las empresas exportadoras tendrán que exhibir los convenios con la molinería, debidamente refrendados.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del mercado, "la exportación podría quedar obligada a entregar dentro del mes de embarque el trigo proporcional a la molinería y ésta estaría obligada a moler en ese mismo período esa materia prima y comercializar la harina en el mercado local".

La resolución, muy esperada por todos los eslabones de la cadena triguera, podría fijar unos 15 o 20 días de amnistía para que los exportadores puedan dar de baja las declaraciones presentadas oportunamente que no puedan respaldar. Lo llamativo de ese plazo de gracia, en el que no se aplicarían las multas previstas, es que con una resolución se buscaría poner en suspenso temporalmente lo que dispone la ley 21.453, que creó un régimen de declaración jurada de las operaciones de ventas externas.

Por otro lado, la nueva disposición -que hoy podría ser publicada en el Boletín Oficial- también crearía una Comisión de Abastecimiento de Trigo (Catri), cuyas funciones no trascendieron. Por esta nueva comisión, varios analistas de mercado empiezan a vislumbrar una mayor intervención estatal en los mercados y no faltan los que se animan a decir que podría volver la Junta Nacional de Granos o algún organismo similar. La Junta fue un organismo regulador del mercado y sostén de precios; fue liquidada durante la primera presidencia de Carlos Menem.

Productores y analistas se siguen preguntando por qué se complicó tanto el Gobierno con una normativa como ésta cuando podría haber sido más sencillo instrumentar un subsidio directo al consumo de pan.

"De los 220 millones de dólares que van a ingresar en el Estado en concepto de retenciones a las exportaciones de los 8 millones de toneladas de trigo ya inscriptos, podrían tomar 80 millones (que es la diferencia entre lo que quieren que se pague en el mercado interno y el valor internacional del trigo argentino) y subsidiar directamente la molinería. Además, eso ayudaría a que se terminara la molienda en negro porque para acceder al subsidio cada molino tendría que justificar su producción", dijo Javier Buján, presidente de Kimei Cereales.

Rumores

Por otro lado, el maíz -cuyo precio subió 89,3% en los últimos doce meses- siguió generando rumores acerca de una nueva intervención en el mercado. Por lo pronto, la Secretaría de Agricultura -mediante la auditoría que actualmente lleva adelante sobre las exportaciones inscriptas en el registro de maíz- buscaría dar de baja el 20% de los registros, y reducir a poco más de 8 millones de toneladas los compromisos de ventas externas.

Hace una semana, Agricultura suspendió las inscripciones de exportaciones de maíz (campaña 06/07), al aducir una inusitada cantidad de anotaciones y la necesidad de tomarse un tiempo para analizar operación por operación en busca de posibles irregularidades.

Para Ricardo Bacarín, de Panagrícola, en el caso de que se eliminen del registro 2 millones de toneladas y continúe la suspensión de nuevas anotaciones, "la presión sobre el mercado va a ser bajista y los que van a volver a perder serán los productores".