La Federación Agraria Argentina (FAA) está promoviendo, mediante una carta destinada a todos los diputados nacionales, el rechazo al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja nacional, Ricardo Buryaile, que apunta a reemplazar a la Oncca por otro organismo.

Para los federados, ese proyecto “apunta a crear un organismo residual y marginal, tal cual se creo en la década de los noventa, con pocas posibilidades de aplicar políticas públicas y regular el mercado”.

Buryaile, hombre de CRA, en este sentido, propone un organismo desconcentrado de la cartera agrícola nacional, pero con un presidente y un vice en lugar de un director como fue en su génesis.

Ello implica que se elimina la autarquía económica, administrativa y financiera de la que goza la Oncca actual a partir del decreto 1067 de 2005, sobre el cual además se propone la derogación.

Se le otorgan atribuciones de fiscalización en el plano comercial a la Oficina, sobre “las distintas operatorias de las personas físicas o jurídicas que intervengan en el comercio y la industria del ganado, la carne, sus productos, subproductos y derivados, el comercio e industria de leche y sus derivados, como así también en el mercado de granos, sus productos y subproductos”.

La propuesta, señaló la FAA, “deja la posibilidad que este Gobierno, como lo está haciendo en este momento u otro que lo reemplace, actúe solamente desde la Discrecionalidad, y no basado en un marco jurídico estable y fuerte”.

En lugar del proyecto de Buryaile, la entidad conducida por Eduardo Buzzi quiere una Oncca “fuerte, moderna y participativa que contemple distintos aspectos como capacidad de realizar arbitrajes, crear estructura de gestión y contar con presupuestos adecuados; y que sea un ente público y privado”.

Los federados proponen que la Oncca tenga “el control comercial sobre las operaciones y los operadores; haga seguimiento de las operaciones comerciales; publique datos estadísticos en forma permanente; establezca compensaciones y segmentación por volumen de comercialización; y tenga atribuciones para intervenir los mercados”, entre otras cosas.

“El Estado debe intervenir e implementar las políticas publicas necesarias que tiendan a proteger a los pequeños y medianos productores y al movimiento cooperativo”, sentenció la FAA.

Y agregó: “que este Gobierno intervenga mal, no impide que planteemos un esquema moderno, institucionalizado, participativo de ordenamiento, transparencia y regulación del comercio de granos, que evite la cartelización del negocio”.

En el proyecto de ley de Buryaile estamparon su firma el titular del bloque radical, Oscar Aguad (Córdoba), junto con otros legisladores de ese partido: el entrerriano Jorge Chemez, el federado Juan Casañas (Tucumán), y Lucio Azpiazu (Corrientes).

Por fuera del radicalismo se hicieron eco del proyecto como coautores los diputados peronistas Raúl Rivara (Buenos Aires), Sergio Pansa (San Luis), y los legisladores Alfredo Olmedo (Salta somos Todos), la macrista Gladys González (Buenos Aires), y José Arbo (Liberal de Corrientes).

Fuente : El Enfiteuta