Este viernes, la Organización Mundial del Comercio falló en contra de la Argentina en una disputa iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón por las trabas comerciales aplicadas por el país sudamericano.

El Presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla, dijo que su entidad le solicitará al gobierno la apertura de un proceso de consultas para tratar las implicancias del fallo. Mantilla agregó que "esta situación afectará en el corto plazo las negociaciones UE-MERCOSUR y de no adecuar el sistema del régimen de importación dentro de los plazos dispuestos originará retaliaciones a nuestras exportaciones".

Mantilla explicó que "si el país objeto de la reclamación pierde, debe seguir las recomendaciones del Órgano de Apelación". "De no adoptar las medidas oportunas, los países tendrá que establecer una compensación mutuamente aceptable. Si transcurridos 20 días no se ha convenido en una compensación satisfactoria, las partes reclamantes podrán pedir autorización del OSD para imponer sanciones comerciales" a la Argentina.

Según el titular de la consultora especializada en comercio internacional DNI, Marcelo Elizondo, esas sanciones podrían llegar a ser de hasta u$s5.000 millones. "La OMC podría autorizar a los reclamantes a aplicar medidas contra Argentina por el equivalente al monto que ellos consideran que fue afectado su comercio. La UE en 2011 dijo que era unos u$s3.000 millones, por lo que sumando al resto de los demandantes y actualizando cifras llegaría a u$s5.000 millones", dijo Elizondo.

El titular de DNI explicó que el país podría perder esas cifras porque los demandantes le dejen de comprar sus productos, o por el efecto de desmontar las restricciones a las importaciones, lo que implica salida de dólares. "Esto amenaza más al ingreso de dólares a la Argentina", pronosticó.

Sin embargo, el economista Julio Nogués consideró que las estimaciones de Elizondo son "conservadoras". "Me extrañaría que fuera menos que eso", agregó.

Nogués, profesor de Comercio Internacional en la Universidad Di Tella, dijo que la resolución de la OMC "era una noticia esperada", ya que "hay varios artículos y acuerdos de la OMC que fueron violados por la Argentina desde 2003 y 2004".

Según publicó Infobae, a diferencia de los pasos tomados por la UE, EE.UU. y Japón, Nogués señaló que China "fue mucho más expeditivo" cuando tuvo diferencias comerciales con la Argentina: "Amenazó con no importar más soja y el Gobierno dejó de lado las medidas antidumping. Por eso subieron las importaciones provenientes de ese país", indicó.

Para Nogués, si la Argentina quiere normalizar su situación "debe desmantelar las DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, vigentes desde febrero de 2012), cambiar las políticas de importación y alinearlas con las reglas de la OMC".

El gobierno argentino puede tomarse 60 días para pedir la revisión ante el tribunal de alzada que funciona de manera permanente y este puede tomarse otros 90 días. Si se cumplieran todos los plazos máximos el fallo podría quedar en firme para fin de año.

El Gobierno apelará "de inmediato" el fallo de la OMC

Después del fallo adverso, la Argentina anunció que apelará la decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en torno a la disputa iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón por las trabas comerciales aplicadas por el Gobierno. Lo hará en breve, según publicó Infobae.

"Nosotros inmediatamente vamos a hacer la apelación. Estamos terminando de trabajar los detalles con los abogados, pero obviamente es un escenario que previmos y tenemos preparadas las apelaciones", adelantó el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Emmanuel Alvarez Agis.

Especialistas estimaron que a partir del fallo se dejará de exportar por 5.000 millones de dólares. "Esta situación afectará en el corto plazo las negociaciones UE-MERCOSUR y de no adecuar el sistema del régimen de importación dentro de los plazos dispuestos originará retaliaciones a nuestras exportaciones", evaluó el Presidente de la Cámara de Exportadores (CERA), Enrique Mantilla.

Alvarez Agis desestimó las advertencias. "En lo inmediato nada cambia en materia de comercio exterior. Y este es un proceso bien largo", remarcó esta mañana en diálogo con radio Del Plata.

Alvarez Agis explicó que la OMC cuestionó el sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), que se solicitan a los importadores a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Es un mecanismo general, como se dice. Todo importador tiene que presentar una declaración jurada anticipando el producto que va a importar. Esa medida no tiene como objetivo prohibir las importaciones, entorpecer el comercio, sino que simplemente es una medida de absoluta equidad para los importadores", afirmó.

Indicó que la solicitud de DJAI tiene como objetivo garantizar que "todo el que importe en Argentina tenga sus papeles en regla" y añadió: "Las aduanas de Argentina no están cerradas, lo que si están es cuidadas".

El funcionario aseguró que la resolución de la OMC "responde al lobby de ciertos grupos económicos que no pueden colocar sus productos en Argentina". Y acometió contra los denunciantes: "Son países, además, que están entre los más proteccionistas del mundo", y ejemplificó que Estados Unidos tiene en su haber "más de 100 denuncias presentadas".

La OMC solicitó "a la Argentina que ponga las medidas incompatibles en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del GATT de 1994", acuerdo sobre el que se sostiene el andamiaje jurídico del comercio internacional.

En su informe, la OMC planteó que "el procedimiento DJAI, independientemente de si constituye una licencia de importación, constituye una restricción a la importación de mercancías y por consiguiente es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT".