El programa de promoción del empleo industrial que puso en marcha el gobernador Gustavo Bordet para la provincia cayó más mal que bien entre las gremiales del agro. Sucede que los incentivos anunciados,- como excepciones fiscales y asistencia directa para cumplir con las obligaciones salariales-, alcanzan a todo el segmento agroindustrial pero queda excluido el trabajo directo tranquera adentro.

En consecuencia, tras algunas deliberaciones, los jefes federados, ruralistas y cooperativistas, hicieron público un documento en el que definen: “No es entendible que uno de los principales sectores económicos de Entre Ríos, es decir el campo, que contribuye con sus esforzados recursos al sostenimiento de una estructura estatal descomunal, sea excluido de un régimen de incentivo fiscal para crear empleo privado en la provincia. También que excluya a otros sectores importantes de nuestra economía, a emprendedores y a los jóvenes”.

Sin mayores rodeos, en otro tramo del texto dejaron saber que “es discriminatorio que el campo no haya sido incluido en dicho régimen”.

En rigor, el anuncio de Bordet hecho junto a las autoridades de la Unión Industrial de Entre Ríos consiste en un subsidio por cada nuevo trabajador incorporado al sector que va desde los 23.000 a los 39.000 pesos.

Podrán participar del programa las empresas que estén constituidas en el país; las que estén habilitadas para actuar dentro de la provincia, en virtud del régimen jurídico vigente y sus estatutos sociales; y que se encuentren inscriptas en el Registro de Establecimientos Industriales de la provincia de Entre Ríos. Además no deberán registrar deudas exigibles ante el fisco provincial. No podrán participar aquellas que se encuentren informadas ante el Registro Público de empleadores con sanciones laborales, y deberán acreditar incrementos en la nómina de trabajadores registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa en la provincia.

Para la continuidad de la percepción del beneficio (aporte mensual no reintegrable), las empresas deberán mantener el porcentaje de aumento de mano de obra ocupada, respecto del periodo base.

En caso de no hacerlo, si sostienen sólo una parte del personal incorporado, se recalculará el porcentaje de ANR. Si la reducción del personal es tal que iguala a la del periodo base, se perderá el beneficio otorgado, que se podrá recuperar su se revierte la reducción.

La vigencia del programa será desde el 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023. El plazo límite de adhesión para las empresas será el 31 de enero de 2023.