El diputado nacional por La Rioja, Julio Martínez (de la Unión Cívica Radical), está impulsando, a través de un proyecto de ley, la creación de un Seguro agropecuario multirriesgo en todo el territorio nacional con el objetivo de “incentivar y proteger la producción de alimentos”.

La iniciativa también apunta a proteger las inversiones agropecuarias financiadas con recursos propios de los productores o con recursos de créditos provenientes de instituciones oficiales o privadas.

El Seguro protegerá a los productores tomadores de estas pólizas de los perjuicios causadas por todo tipo de siniestro climático derivados de: granizo, sequía, inundación y heladas.

El proyecto tiene en cuenta que, en Argentina, el 96% de las pólizas que se venden son coberturas sobre la base de granizo (cereales + oleaginosas) y sólo el 4% corresponde a los seguros multirriesgos.

En nuestra región, comenta Martínez, algunas naciones como Brasil o Chile han logrado, mediante políticas estatales, la implementación de sistemas de seguros agrarios basados en coberturas multirriesgo y con una amplia participación del Estado en su financiación.

Como contrapartida a lo que ocurre en la región, continuó el legislador, en la Argentina los seguros de multirriesgo se encuentran escasamente desarrollados: "El 96% de las primas corresponden a seguros de granizo, que no solamente carecen del apoyo en su financiación, sino que, además, cuentan con altas cargas impositivas por parte del Estado (salvo escasas excepciones)”, dijo.

“No tengo dudas que si hoy una compañía le propusiera al productor una cobertura que en lugar de asegurar el 50 % del rinde le asegurara un 90 % de su rendimiento potencial y le cobrara una prima de la que el Estado se hiciera cargo del 50 %, el proceso se revertiría”, destacó Martínez.

El productor, en este sentido, “se volcaría masivamente a tomar este tipo de herramienta y se produciría una situación mucho más ventajosa, no solo para el productor, sino también para el Estado, que convertiría la producción en todos sus aspectos en mucho más predecible y estabilizada”.

La implementación de estos seguros, considera el diputado, garantizaría “en forma concluyente la establidad de un productor que, al poder continuar en su actividad, no se vería forzado a tomar decisiones poco felices como el desarraigo por no poder continuar en su explotación, el alquiler de su campo por no contar con los recursos necesarios esfumados por una situación derivada de un siniestro o cualquier derivación de la incapacidad de poder continuar con la explotación”.

El Instituto Nacional de Tecnología Argentina (Inta), distintas universidades nacionales, el Banco de la Nación, y las entidades bancarias provinciales, de aprobarse esta iniciativa, deberán, en este sentido, un mapeo de riesgo agropecuario por regiones altitudes, cultivos y microclimas.

El cálculo de la prima, propone el diputado radical, se realizará teniendo en cuenta esos mapas de las distintas zonas y cultivos, probabilidad de ocurrencia o recurrencia de los eventos, vulnerabilidad de los cultivos y tiempo de recuperación luego de ocurrido un fenómeno.

El Seguro será puesto en práctica en forma progresiva, según producciones, regiones y riesgos y cubrirá el total de las inversiones por unidad de producción financiadas con recursos crediticios o propios en actividades agropecuarias.

El legislador riojano establece en su iniciativa la creación del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios de no menos de 500 millones de pesos que servirá, entre otras cosas, para cubrir un porcentaje de la prima del seguro de pequeños productores.

Martínez también propone la creación de la Comisión Nacional de Riesgo Agropecuario que tendrá como función asesorar al poder Ejecutivo sobre distintas cuestiones como costo de primas, modalidades de seguro por zona, tipo de cobertura por cultivo y necesidades de estratificación por tamaño de productor, entre otros temas.

El proyecto prevé que el ministerio de Agricultura se desempeñe como autoridad de aplicación de dicho seguro; y las tarifas de las pólizas deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el poder Ejecutivo.

Fuente: El Enfiteuta