245 personas -la mayoría de nuestra ciudad- quienes hasta 1996 mantuvieron relación de dependencia con la empresa de los hermanos Lopardo, recibieron el pago de un 31 % de las acreencias, lo que sumado a las 2 acreditaciones anteriores, ya superan el 50 %. de lo que el FERSA les debía.

Ricardo Chaia, uno de los abogados que representa a los ex trabajadores, relató que el disponible para la distribución superaba los 800 mil pesos y ese monto surgía de la recuperación y posterior venta de bienes que fueron vendidos por la firma en el período de sospecha, es decir, en el tiempo en donde se hacía previsible la crisis que derivó en el cierre definitivo del frigorífico de aves.

El abogado describió que la resolución del juez benefició a los trabajadores que habían solicitado el "Pronto pago", liberando lo depositado en una cuenta del N. BERSA, sucursal Gualeguaychú. Lamentó que haya pasado tanto tiempo en que los trabajadores hayan vuelto a recibir esta nueva remesa, explicando que de acuerdo a las previsiones iniciales, se iba a liquidar a fines de 2005 o a principios de 2006.

Este comentario vino a cuenta de la tranquilidad con la que los demandantes deben esperar el próximo desembolso ya que el jurista dio cuenta de la venta de otra granja recuperada por el síndico Ferronato y que fue comprada en subasta pública por la empresa Domvil S.A. en 790.000 pesos.

Chaia dijo que si todo fuera por los carriles normales, lo mismo que pensaban en anteriores ocasiones, el pago se debería producir antes de fin de año, pero le bajó la expectativa a que eso se diera tal cual se desea.

Además, se deben deducir los costos que ha generado la serie de acciones judiciales interpuestas por la sindicatura y el equipo de abogados contratados por ésta. Pero las oportunidades de seguir achicando las acreencias no terminarían allí ya que aún queda definir la recuperación de un predio de 40 hectáreas -actualmente en poder del síndico- también localizado en Cuchilla Redonda, sobre el cual se ha planteado una acción revocatoria la que ha recibido fallos favorables en primera y segunda instancia y en el Superior Tribunal de Justicia.

Pero la resolución aún no está firme ya que se ha intentado anular la sentencia mediante una impugnación. La Dra. Silvia González, otro integrante del equipo de abogados que representa a los ex trabajadores, compartió el criterio de su colega sobre la posibilidad de cobro del dinero de Villa Emma debe manejarse con prudencia y no crear falsas expectativas en cuanto a los plazos.

Respecto de lo efectivizado esta semana, González consideró que el monto que percibió cada ex empleado fue importante en relación a los importes recibidos anteriormente y esto en parte se debió al aumento que se viene registrando en el mercado inmobiliario rural y por supuesto, a la venta de bienes de ese origen que engrosaron los depósitos.

Acreedores privilegiados, Silvia González expresó que de acuerdo a la ley de concursos y quiebras, los ex empleados son quienes tienen prioridad de pago y esto será así hasta tanto se cubra el total de la deuda. "Y lamentablemente, tanto por los empleados como por todos los otros acreedores, es muy poco probable que eso ocurra, inclusive, haber superado el cobro de más del 50 % de lo que se les debía a los ex empleados, ya es una muy buena cifra" y graficó que las granjas se están vendiendo actualmente a un precio que se acerca a lo que en su momento se pagó por la planta de procesamiento.

Este escenario hace desvanecer las ilusiones de los granjeros integrados, los fleteros, proveedores y demás acreedores, entre los que se encuentra el Estado, por medio de sus organismos de recaudación incluyendo en este segmento al municipio local.

Del otro lado de la quiebra, desde el momento en que se decretó la misma, la Justicia ha ido enajenando bienes que pertenecieron al FERSA y que estaban en manos de nuevos dueños, y en ese proceso, más allá de que pudo haber algún "negocio apurado" en plena retirada de los Lopardo, queda una clara sensación de injusticia ante aquellos que compraron de buena fe y hoy han sido desapoderados o están en camino de serlo. Uno de estos casos es el que padecen los hermanos Jorge y Luis Benedetti, con el campo de 40 hectáreas ubicado en Alarcón y que fue adquirido por ellos de acuerdo a los valores de mercado de aquel momento.

Dicha propiedad, hoy en manos del síndico, está siendo arrendada por sus propios dueños, quienes pagan un alquiler por explotar su propio campo, sin duda, una tragicómica realidad. Resignado, Luis comentó que han impugnado la revocatoria y por eso la autorización al remate está en suspenso. "Ese campo fue la primer inversión inmobiliaria que realizamos con mi hermano, e inclusive le hicimos varias mejoras".

No muy diferente es la situación de la propietaria del frigorífico Aveguay. Consultado al respecto Fernando Díaz, Contador de dicha empresa, expresó escuetamente: "DOMVIL SAICA adquirió y pagó la granja "Villa Emma" en 1997 y por circunstancias que son de público conocimiento, y que dieran origen a un expediente judicial, fue injustamente desapoderada de dicho inmueble.

Actualmente y muy a pesar de lo ocurrido las mencionadas instalaciones se siguen utilizando, asegurando así la fuente de trabajo a 8 familias y la continuidad de la explotación de un importante eslabón en la cadena productiva, que sin duda se viera seriamente afectadas por la aludida acción de revocatoria".

Fuente: Acción de Larroque