Después de las denuncias sobre presunto contrabando de bovinos, el Gobierno indemnizará con 2,5 millones de pesos al propietario de los 4098 vacunos que fueron sacrificados en febrero pasado como consecuencia de la aparición del último foco de fiebre aftosa en Corrientes.

Las causas del brote de la enfermedad en la frontera norte del país siguen siendo una incógnita.

El presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Jorge Amaya, firmó la resolución 227 por la cual se dispuso el pago indemnizatorio a la empresa Jumajo, responsable del establecimiento San Juan, en San Luis del Palmar, donde aparecieron los animales infectados.

El Senasa había abierto una investigación y hasta sustanció dos demandas penales en Formosa y Corrientes por las sospechas de contrabando de vacunos desde países vecinos. En las demandas, una de las cuales fue desestimada por el juez, no se mencionó a la firma Jumajo. En forma muy general, el Senasa aportó algunos elementos por los cuales se descartaba que la aparición de la enfermedad respondiera a fallas en la vacuna antiaftosa o que el virus estuviese presente en la región. El organismo infería que la causa probable de la aparición de la enfermedad era el contrabando de animales. Incluso, relacionaba el decomiso anterior de animales en Formosa y Chaco sin documentación con los ejemplares enfermos encontrados en el campo San Juan.

La resolución

"En virtud de los informes técnicos no se desprende por el momento elementos de juicio que permitan realizar un reproche de responsabilidad", concluye la resolución del Senasa y en el renglón siguiente añade: "Estarían dadas las condiciones para que se disponga el pago de la indemnización a los propietarios de los bovinos sacrificados".

La inoculación del ganado contra la fiebre aftosa es obligatoria porque, si bien no se contagia al hombre, causa graves pérdidas económicas por el cierre de los mercados internacionales.

El Senasa puede confiscar y sacrificar los animales que no acrediten la debida vacunación. En 2000, cuando reapareció el virus en el país, en el Senasa también adjudicaron la causa al ingreso de supuestos animales contrabandeados en Formosa, aunque los hechos tampoco pudieron probarse ante la Justicia. De hecho, la administración de Fernando de la Rúa decidió ocultar los focos por casi siete meses, lo que derivó en el cierre de los mercados externos. Esta vez, ante la mayor demanda de carnes en el nivel mundial, las restricciones sólo se circunscribieron a la zona afectada y, prácticamente, no impactó en las exportaciones de carnes.

Las tasaciones realizadas por el Senasa en el campo San Juan indican que se pagará alrededor de 600 pesos por animal sacrificado. "Al no poder concluir con un dictamen definitivo y no habiendo demostrado responsabilidad evidente de los productores involucrados, el Senasa, superada sus incumbencias en cuanto a la investigación sobre presuntos movimientos irregulares de animales que pudieran haber introducido el virus, derivó las actuaciones a otros organismos competentes", expresó el organismo en la resolución.

Consultado por LA NACION sobre el caso, el propietarios de Jumajo, José Romero Brisco, consideró que "lo más importante es que nos deslindan del tema del contrabando". Y añadió: "Nos hicieron pasar por contrabandistas cuando fuimos los que informamos de los animales enfermos; con esta actitud, ¿qué productor va a querer denunciar que tiene aftosa de aquí en más?".

-En su opinión, ¿por qué apareció la aftosa en su campo?

-No sé. Pero si el virus no vino de afuera, ¿qué pasó? Se suponía que el Senasa había determinado que no había actividad viral en la zona.