El presidente Néstor Kirchner volvió a anunciar ayer una nueva baja del desempleo. En medio de un acto en Chubut y junto a la candidata Cristina Kirchner, el mandatario enfatizó que en julio la cantidad de desocupados se ubicó en el 7,8% de la población económicamente activa, casi un punto por debajo del registro alcanzado al final del segundo trimestre del año cuando descendió a 8,5%, el nivel más bajo de los últimos 15 años.

Kirchner festejó la confirmación de la tendencia descendente del desempleo por debajo de los dos dígitos como un logro de su gestión en "la batalla de la inclusión". Pero evitó cualquier definición sobre el futuro del régimen de indemnización agravada, que rige desde la emergencia económica de 2002 y cuya derogación estaba prevista por ley para el momento en que la desocupación cayera por debajo del 10%.

Si bien ese registro se logró en los últimos tres trimestres, no hubo ni resolución ni pronunciamiento oficial sobre la vigencia del plus indemnizatorio, situación que desató un mar de dudas en las empresas y reclamos de los gremios por la continuidad o una salida ordenada del beneficio.

Ayer, de la mano de los anuncios presidenciales sobre la nueva baja del desempleo, resurgieron las voces de sectores empresarios y organizaciones gremiales reclamando certidumbre sobre la continuidad o no del resarcimiento especial por despidos sin causa.

La indefinición sobre la vigencia del mecanismo generó en los últimos meses reacciones dispares entre las empresas, al punto que algunas decidieron continuar pagando el recargo del 50% en las indemnizaciones para evitar juicios futuros, mientras otras compañías optaron por abonar el resarcimiento común al personal cesanteado.

En el sector patronal las dudas son más políticas que legales. Los especialistas que asesoran a las empresas sostienen que la ley es muy clara sobre el fin del mecanismo con la caída del desempleo por debajo de 10%, pero admiten la utilidad política de una resolución oficial que lo exprese en forma concreta.

En la CGT comparten la visión de que en términos legales el resarcimiento especial ya no rige, aunque exigen un decreto presidencial que lo establezca formalmente de manera de garantizar seguridad jurídica y evitar que la cuestión se resuelva en los Tribunales.

El mismo debate se da puertas adentro del Gobierno, donde por el momento parece primar la posición de quienes plantean que no hace falta ninguna resolución que fije el fin del beneficio, temerosos del costo político de un pronunciamiento oficial en el tramo final de la campaña electoral.

Pero en otros despachos oficiales admiten la necesidad de atender el pedido de empresarios y gremios por un decreto clarificador. Dentro de ese grupo argumentan que la normativa que estableció la llamada doble indemnización, fijó –además– la necesidad de una medida administrativa que oficialice esa condición.

El texto del decreto que cumpliría con esa exigencia ya fue redactado, pero continúa guardado en el despacho presidencial a la espera de que Kirchner resuelva si en algún momento verá la luz.