Los más de u$s 2.400 millones que –desde julio pasado– la Oncca reclama a cerealeras por exportaciones mal liquidadas, nunca ingresarán al Fisco en su totalidad. Esta diferencia se originó porque la Ley Martínez Raymonda obligó, de modo retroactivo, a comprar el grano en el momento de realizar la exportación. Algunos de los exportadores involucrados en esta discusión son Aceitera General Deheza, Nidera, Bunge, Cargill, Molinos o Louis Dreyfus.

Según la Oncca, el complejo sojero declaró ventas externas por las cuales tributó retenciones fijas del 35%. Pero aplicando la Ley Martínez Raymonda, el organismo que conducía Ricardo Echegaray emitió dos resoluciones–1487 y 1989– según las cuales más de 1.000 declaraciones juradas “no acreditaron la adquisición o tenencia” de soja a granel, cereales, oleaginosas y subproductos. Por ello, las retenciones a tributar debían ser según la tasa móvil que regía en aquel momento.

Desde enero último, la Aduana formuló los cargos para que se pague esa diferencia, muy importante cuando la recaudación crece a menos del 20%. Pero los exportadores presentaron recursos de amparo ante distintos jueces, y estos pagos están frenados. Desde este mes, en consecuencia, comenzaron las “consultas técnicas” entre AFIP y las empresas en cuestión, que otros llaman “negociaciones”.

“Hubo un pedido nuestro para que se considere la posibilidad de revisar el número final. La AFIP nos pidió que arrimemos ideas y documentación, que siguen analizando para darnos una respuesta”, comentó una fuente de la negociación. Tanto desde el organismo recaudador que conduce Echegaray, como desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), reinan el silencio. Pero El Cronista confirmó que la AFIP ya bajó sus pretensiones por debajo de los u$s 2.000 millones.

Las firmas que integran la Ciara, de todas maneras, quieren pagar lo menos posible, cerca de u$s 1.000 millones. “No podemos dar números concretos, pero la AFIP sigue haciendo una cuenta muy lejana a la nuestra. Estamos intercambiando criterios para acercarnos a la cifra correcta. Mientras no acordemos sobre este tema, es inútil que discutamos fechas o formas de pago”, apuntó una fuente del sector aceitero.

La diferencia técnica, de la cual resulta una suma millonaria, es cómo acreditar tenencia o compra de los productos al momento de la exportación. Un ejemplo: para las empresas, un contrato en el Mercado a Término es suficiente constancia de compra, en la Oncca no consideran la mismo.

Además de la compra, la otra discusión es sobre la tenencia del producto (o la materia prima) exportable. “Nuestra capacidad de almacenaje es muy grande, en los silos a veces entran más toneladas de las esperables. No es lo mismo que los chorizos de plásticos (por los silobolsas) que hay en el campo”, comentó uno de los consultados. Desde la AFIP retrucaron que “no nos pueden plantear que estiraron la capacidad de almacenaje de los silos, no es un argumento aceptable”.

También se discute si, al declarar una exportación de aceite, se considera “adquisición o tenencia” a la soja, que es su materia prima y no el producto terminado con destino al mercado externo. Argumento va, argumento viene, AFIP y los exportadores siguen en una negociación donde cada palabra, punto o coma puede valer millones.

“La AFIP debe querer la plata mañana. Si presentan un número razonable, pagamos y listo”, provocó un empresario. “Esto no es una negociación sino una revisión técnica. Tenemos que ver caso por caso, contrato por contrato, de más de 1.000 declaraciones juradas. Va a llevar tiempo”, contestaron desde el organismo recaudador. Una historia que todos esperan terminar este año, aunque nadie garantiza plazos.

Fuente: El Cronista Comercial