Serán, una vez más, los mercados y los operadores económicos los que tendrán la última palabra. Los que darán su veredicto hasta qué punto pasará de los papeles a los hechos el acuerdo que –al cierre de esta edición– se aprestaba a suscribir el Gobierno con varias cámaras (no todas) que componen la cadena de ganados y carnes.

Aunque son varios los puntos contenidos, el que mayor interés –y discusiones– concentra es el referido a la modificación de la grilla de precios de "referencia" que, al cabo de un año, quedó superado por la evolución de los índices inflacionarios, sean estos los reales o los indicados en la estadística oficial.

Aunque las principales organizaciones ganaderas proponían dejar libres los precios de la hacienda, la fórmula de transición para un acuerdo interno de la cadena –y también admitido por el Gobierno– fue "sincerar" los valores que ya se vienen pactando en el mercado. Con el correr de los meses quedó en letra muerta la resolución 1/2006, de abril del año pasado, que tuvo como celoso controlador al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

El nuevo convenio antiinflacionario está basado en una banda de precios para la hacienda en pie y para la media res en salida de frigorífico, extendiéndose para una lista de 12 cortes que van al comercio minorista como parte de la integración entre exportación y consumo interno.

La semana anterior, en el núcleo de coincidencias que suscribieron las entidades de la producción con el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, se determinó afirmar el control sobre toda la cadena y, en especial, poner énfasis en la intermediación y la comercialización.

Los frigoríficos, en particular los que orientan su oferta al consumo interno, se esforzaron en una dura pulseada para lograr que, si los precios de la hacienda en pie deben ser modificados por causas extraordinarias (de orden climático, de mercado o productivas) deberá ser convocada la mesa de ganados y carnes para evaluar la incidencia de esos cambios en los márgenes del resto de la cadena hasta llegar al mostrador.

La industria exportadora propuso que se habilite un piso de 500 mil toneladas a colocar este año, incentivos para aumentar la producción de carne (más cabezas y más kilos por animal), lo que fue incorporado al documento que fue redactado con la intervención del secretario de Agricultura, Javier de Urquiza.

Según Coninagro, abril fue un mes clave para avanzar en las conversaciones y llegar, el pasado viernes, a un núcleo de coincidencias.

La entidad cooperativa recordó que en ese cónclave "se aceptó flexibilizar el precio de la carne en Liniers, pero supeditado a un mayor control sobre los restantes eslabones de la cadena".

Si bien no se trata de la liberación total del complejo mercado de la carne, Coninagro evaluó que ahora el peso del control de precios no recaerá sólo sobre el eslabón de la producción, sino que se supervisará lo que ocurre hacia arriba de la cadena, hasta llegar al consumidor.

En términos similares, Luciano Miguens, de la Rural, advirtió que los precios máximos fijados en 2006 por Guillermo Moreno, sólo se controlaron en el mercado de Liniers. "Se creó un control exclusivo y muy fuerte, con precios congelados que no respondían a la realidad del mercado. Eso es lo que había que corregir", expresó.

Aun con este acuerdo en manos, inducido por la política oficial que no admite un mercado moviéndose con las reglas de la oferta y la demanda, en el complejo cárnico predomina la opinión de que el potencial de la actividad se expresará con mayor fuerza cuando menores sean las intervenciones. En particular si éstas inciden sobre el sistema de formación de los precios.

Aunque no gozan de pleno consenso, los puntos ya acordados se insinúan como la llave para avanzar en medidas de mejor aliento para la ganadería, que ha carecido de un plan consistente. La coyuntura hasta ahora relegó esa cara aspiración de los productores.

Fuente: La Voz del Interior