El Senado avanzó este miércoles en un plenario de comisiones con un proyecto que declara la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta por el término de un año.

La iniciativa ya cuenta con aprobación unánime de la Cámara de Diputados y recibió dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta.

El entrerriano Pedro Guastavino (Justicialista) sostuvo que se trata de “un tema central para la economía regional”, así como sucede en el Alto Valle con la producción de peras y manzanas, que también fue declarada en emergencia recientemente.

“En Entre Ríos hay una situación similar. Sabemos de qué manera la macroeconomía está golpeando a estas economías regionales”, dijo Guastavino, y pidió “avanzar rápidamente” con la ley en la próxima sesión.

El legislador señaló: “Sabemos que esta no es la solución, pero por lo menos para los productores es un paliativo para poder enfrentar la crisis profunda que están viviendo”.

Precisó a su vez que en su provincia la citricultura “da trabajo a 30 mil entrerrianos”. “Nuestros productores son todos pequeños y medianos que vienen trabajando fuertemente para mantener los niveles de exportación. Ha badajo el consumo interno y se han incrementado los insumos necesarios para la actividad”, describió.

Su comprovinciano Alfredo De Angeli, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, coincidió en que la citricultura es “una de las economías más fuertes e importantes que tiene Entre Ríos”.

“Hay muchos productores que por distintos motivos sufrieron una pérdida de cosechas, heladas, inclemencias climáticas, pero también los mercados los han encontrado en una situación muy difícil”, apuntó.

El proyecto que obtuvo dictamen faculta al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES.

Además, durante la vigencia de la emergencia quedará suspendida la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social adeudados por los productores, consignó Parlamentario. (APFDigital)