La Justicia federal de Paraná (Entre Ríos) determinó ayer la prohibición de las quemas de pastizales y de “otras acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente”. La decisión se tomó tras otro día de incendios que volvieron a sentirse en Rosario.

La ciudad amaneció nuevamente con un intenso olor a humo, como ocurrió días atrás cuando se hizo necesaria otra vez la participación de aviones hidrantes para apagar las llamas. Y ahora fue el juez federal Daniel Edgardo Alonso quien dictó una medida cautelar que prohíbe las quemas, además la “construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”.

La denuncia fue interpuesta por las asociaciones civiles Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental contra un grupo de propietarios y arrendatarios por “el daño al ambiente y la salud pública” generados por la quema de 25.000 hectáreas en las islas del delta del río Paraná. Así lo describe la nota de Luis Emilio Blanco en Diario LA CAPITAL.

Además, vecinos de distintos barrios de Rosario presentaron un amparo por daño ambiental colectivo contra el gobierno de la provincia de Entre Ríos, para que cese el fuego en las islas frente a la zona metropolitana del Gran Rosario. La demanda, planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ), tiene por objeto detener los incendios recurrentes que se realizan desde hace décadas en las islas del Delta Superior del río Paraná, departamento Victoria de Entre Ríos, y exige que se recomponga el daño ecológico producido en el ecosistema del humedal que conforma la zona mencionada, uno de los más ricos del mundo en biodiversidad.

Además, solicita que el máximo órgano de Justicia intervenga con facultades de control en el organismo interjurisdiccional creado a partir del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas) a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos allí establecidos y que, hasta el momento, no arrojó el resultado esperado respecto al cuidado del ambiente y la salud de las personas.

“Perseguimos la tutela judicial efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado del cual gozamos todos los habitantes”, indica el escrito presentado por los abogados especialistas en derecho ambiental, Bárbara Ausili y Valentín Cesanelli, y puntualiza que “a partir de la conducta omisiva adoptada por la provincia de Entre Ríos, los explotadores de los campos ubicados en el delta del Paraná realizan actividades de quema con el objeto de preparar los mismos con fines productivos. Estas afectan gravemente la calidad del aire como bien jurídico que respira la población de la ciudad de Rosario y aledañas, provocando un gravísimo daño ecológico con su consiguiente afectación a la salud de toda la población. Además, afecta incontrastablemente, de manera negativa y relevante el ecosistema del humedal ubicado en las islas del delta superior del río Paraná”.

Al respecto, la presentación de los ciudadanos rosarinos, que considera de competencia de la CSJ en virtud de que se suscita un conflicto entre una provincia y los vecinos de otra, fue respaldada con profusa documentación que da cuenta de que en numerosas oportunidades la ciudad quedó inmersa en densas nubes de humo proveniente de las islas, lo que provoca dificultades respiratorias, ardor y enfermedades en los ojos de los habitantes. Además, produce olores nauseabundos que vuelven a la atmósfera insoportable y a ello se suma el riesgo para la seguridad vial de la zona.

Sin parar

Las quemas se producen año a año y, a pesar de algunas medidas que tomaron los gobiernos provinciales e incluso recientemente con la participación de la Nación, el conflicto ambiental no fue resuelto. Este año las quemas intencionales con fines productivos comenzaron en los primeros meses y se intensificaron en junio, llegando a límites de contaminación sumamente dañinos.

Las pruebas aportadas por los ciudadanos

Entre otras pruebas aportadas en el escrito que presentaron abogados especialistas en derecho ambiental, se cuentan dos estudios de aire, entre ellos uno realizado por el Sistema de Alerta Temprana en Granadero Baigorria, que indica que el 11 de junio último la medición del aire arrojó niveles de contaminación con índices muy elevados, que superan ampliamente los indicadores considerados como dañinos para la salud de las personas. Asimismo, se incorporó un estudio sobre análisis de imágenes satelitales que muestran los focos ígneos e índices de vegetación.

También solicitan que se tomen como prueba informes del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) acerca de los daños en la salud de las personas que las quemas ilegítimas pueden producir. También del estudio de calidad de aire realizados por el Observatorio Ambiental de la UNR.

“Básicamente lo que le endilgamos al gobierno de Entre Ríos es una omisión antijurídica porque ellos, como provincia, a través del Ministerio de Ambiente y por la ley de manejo del fuego, son los encargados de controlar las quemas en su territorio, más allá de la responsabilidad penal de la gente que las origina”, explicó Valentín Cesanelli a La Capital, como representante de un grupo de vecinos.

El abogado puntualizó: “Estamos reclamando a la corte que intervenga activamente o por lo menos con facultades de control, como ya lo hizo en otros casos como la causa Mendoza —contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo— o en la causa La Pampa contra la provincia de Mendoza por el aprovechamiento del río Atuel.