Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y el movimiento cooperativo fueron a la Justicia para frenar el pago del bono extraordinario para peones rurales, que reclamó la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores y fue confirmado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

La medida cautelar fue presentada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71. Desde la aprobación de la remuneración extra de 26.000 pesos al bono originario de 24.000, las entidades rurales manifestaron su rechazo, por considerar que muchos productores no están en condiciones de afrontar esa suma para cada uno de sus empleados, en un momento de sequía y falta de rentabilidad.

El recurso judicial es contra el Ministerio de Trabajo para que se suspenda la resolución 230 que otorgó el beneficio. En el pedido del sector se señala “gravísimos vicios en sus elementos de procedimiento, competencia, causa, motivación y finalidad”.

Según explicaron desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) a sus socios, la acción judicial está enmarcada en la decisión tomada el 22 de diciembre pasado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en la cual el Ministerio de Trabajo de la Nación junto con el gremio y en oposición a la postura de las entidades de productores establecieron un aporte de 26.000 pesos adicionales.

En el sector empresario del campo explicaron que la decisión fue tomada luego de diversas reuniones técnicas, y tras expresar "numerosos y sólidos argumentos en oposición a la propuesta de pagar una suma adicional”.

En ese momento, la Mesa de Enlace expresó el rechazo a este pago adicional, argumentando que no están dadas las condiciones para afrontarlo, debido a la situación climática que atraviesa el sector, el contexto político-económico y la falta de rentabilidad.