Tanto cambiaron las cosas en la economía argentina y mundial, que algunos conceptos del pasado reciente ya ingresaron en el terreno de la nostalgia. Hace poco más de un año, la soja era para Cristina Kirchner un "yuyito" de cuyo precio sin techo dependía la redistribución del ingreso en la Argentina. Ahora, con precios internacionales 45% más bajos, la propia Presidenta acaba de reconocer, durante su sorpresiva negociación con los dirigentes del campo, que las retenciones a la soja no se pueden tocar porque resultan cruciales, pero para atender las abultadas necesidades financieras y cerrar la caja fiscal en este año electoral.

El inesperado gesto de acercamiento del Gobierno para transformar lo que se perfilaba como una nueva batalla campal en una más civilizada y extensa partida de ajedrez incluyó, en cambio, concesiones más modestas. Las rebajas de retenciones acordadas para lácteos, carnes y producciones regionales, si bien mejoran indirectamente los ingresos de los productores al igual que algunos subsidios mejor focalizados, apenas si mueven la aguja de los ingresos y gastos fiscales.

Por lo demás, este cambio parcial de dirección de algunos subsidios y compensaciones no ayuda a desenredar, sino más bien lo contrario, la intrincada madeja de intervenciones y regulaciones burocráticas que hoy engranan la producción y comercialización agropecuaria. Aquí, el kirchnerismo ha sido fiel a su táctica de imponer primero trabas para luego negociar flexibilizaciones, pero no para removerlas. Los dirigentes de la Comisión de Enlace no pudieron sustraerse a ese juego, que en varios casos les crea fricciones con sus bases.

Los dirigentes rurales también dejaron abierta, con previo aviso, la vía legislativa para intentar la reducción de impuestos a la soja que CFK les negó y la oposición ofrece votar. Pero esto choca contra un escollo: aun con el éxodo de los últimos meses el oficialismo sigue teniendo, al menos hasta diciembre, mayoría propia en la Cámara de Diputados, que es donde debe iniciarse el trámite. Y no parece que vayan a tener mejor suerte si se incorporan al futuro Consejo Económico y Social de 20 representantes empresarios y otros tantos del sindicalismo peronista.

Sojadólares y petrodólares

En medio de estas tensiones entre lo deseable y lo posible, un dato que pasó inadvertido es que el Gobierno dejó de hablar de la soja retenida en silos bolsas, justo cuando el Banco Central elevaba en los últimos días el ritmo de minidevaluaciones del peso. El diputado oficialista Agustín Rossi, que está en campaña, fue el único en vincular los dos hechos, con una provocativa teoría para un período más amplio. Palabras más o menos, sostuvo que a igualdad de precios promedio con los de 2007, los productores pueden compensar con un tipo de cambio nominal más alto que entonces los ingresos que pierden por la negativa oficial a sacrificar retenciones. Claro que omitió considerar qué ocurrió en el ínterin con los costos internos y la caída de producción por la sequía. En un plano más cercano, aquella hipótesis tampoco se sostiene: si bien el dólar subió 3,9% en las últimas cuatro semanas, el precio internacional de la soja cayó 5%.

En el BCRA aseguran, en cambio, que la política cambiaria se sigue administrando en función de la volatilidad del contexto internacional y los términos de intercambio, antes que por la coyuntura interna. Y que la suba más pronunciada del dólar de la semana pasada obedeció a que en un solo día -el lunes- el real perdió 2,4% frente al dólar; el peso chileno 1,6% y la soja 4,6%, mientras los mercados bursátiles se desplomaban tras el segundo rescate del Citigroup.

Al margen de estas conjeturas, los productores sojeros siguen con la sensación de que el Estado sólo aparece como socio cuando los precios internacionales suben y los abandona cuando bajan. No son los únicos.

Aunque con un perfil mucho más bajo, los productores de petróleo están en la misma. Hace un año, cuando el crudo batía récords y apuntaba a superar largamente los 100 dólares por barril, el Gobierno les fijó, a instancias de Guillermo Moreno, una retención móvil sui géneris. Toda diferencia por encima de 42 o 47 dólares (según calidades) iba a parar al Tesoro nacional, obviamente sin coparticipar con las provincias productoras. Omitió un pequeño detalle: establecer un piso en caso de que las cotizaciones se desplomaran, como ocurre ahora con el precio de alrededor de 40 dólares. Como consecuencia, las compañías pagan actualmente una retención promedio del orden de 25%, que les reduce el precio final a unos 28 dólares el barril. También aseguran que a esos valores no les conviene exportar excedentes, sino aumentar las ventas a las refinadoras locales. El detalle es que en este caso las regalías se calculan sobre el precio interno y esto les resta más ingresos a las provincias. De ahí que hayan iniciado gestiones ante los gobernadores para sumarlos a un incierto replanteo impositivo.

Con el petróleo, el modelo productivo K logró todo lo opuesto a un milagro. A pesar de los precios internacionales récord del año pasado, la producción media diaria bajó 2% con respecto a 2007, según datos del Instituto de Energía General Mosconi. Las exportaciones, a su vez, cayeron 29% en volúmenes. Esto sin contar con que los precios internos de los combustibles bajaron cuando el crudo subía y ahora aumentan cuando baja. Lo que aún no marcan estas estadísticas es que con el nuevo cuadro muchas compañías productoras están desarmando operaciones de desarrollo de yacimientos y esto también afectará la producción de 2009, junto con los niveles de actividad en las provincias productoras, especialmente en la Patagonia.

Por ahora, sin embargo, la principal preocupación de la residencia de Olivos pasa por cuidar la caja ante la fuerte desaceleración de la recaudación impositiva y maquillar las estadísticas de actividad para que sus resultados se acerquen más a lo que le gustaría al Gobierno que a reflejar la fría realidad productiva. También por agilizar la canalización de los recursos extras de la Anses tras la estatización de la jubilación privada, aunque la transparencia brille por su ausencia. La próxima movida en este sentido será otorgar fondos al Banco Hipotecario (unos 1000 millones de pesos) para que los canalice en préstamos a tasa fija y subsidiada para la compra de vivienda única. A cambio, negocia con los accionistas privados (encabezados por el grupo IRSA, controlante del Banco), modificaciones en la estructura de manejo de la entidad, en la cual el Estado tiene algo más del 60% de las acciones preferidas sin derecho a voto y sólo dos directores. No se trata de una nacionalización como las que hoy abundan en el mundo, pero se le parece.

Fuente: Néstor Scibona - La Nación