En un análisis realizado sobre la base de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de 1988 y 2002 la Federación Agraria Argentina afirma que “el 2% de las explotaciones agropecuarias concentran el 50% de las tierras”.

De esa situación no está exenta la región pampeana la más rica del país por su valor productivo donde las explotaciones de entre 100 y 500 hectáreas se redujeron en un 27%. Un 37% de explotaciones menores a 100 hectáreas ya no existen, según los datos que aportó Esteban Motta, secretario de la Juventud de la FAA, a El Enfiteuta.

Pero las explotaciones más pequeñas –menores a 25 hectáreas– son las que podrían catalogarse como en vías de extinción con un 44% de desapariciones del esquema productivo pampeano. En el otro extremo las empresas de entre 2.500 y 5.000 hectáreas se incrementaron en más de un 7%, y las mayores a 5.000 hectáreas en más de un 10%.

Esta es la consecuencia de “un modelo productivo, que expulsa y empobrece” a la gente del campo. Y la profundización del fenómeno se acentuó al menos desde 2004, revelaron este miércoles en la FAA.

Por eso desde la entidad preparan un Congreso sobre el uso y tenencia de la tierra bajo la consigna “Tierra y Arraigo en una Argentina para todos” a realizarse el 19 y 20 de agosto próximos.

Pero la foto de la concentración actual es una mera “intuición” según señaló el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, a El Enfiteuta, porque para conocer la realidad actual se requieren los resultados del CNA 2008 que quedó en manos de Guillermo Moreno el año pasado en pleno conflicto entre el campo y el gobierno.

Se atribuye al cuestionado funcionario la inclusión en las planillas del CNA 2008 de datos económicos que muchos productores se resistieron a responder previendo en ello otro tipo de relevamiento más afín a una jugada del gobierno que a un Censo habitual y necesario.

Para colmo quienes estuvieron a cargo en el diseño del Censo del organismo estadístico en las versiones anteriores, fueron desplazados de la nueva versión del CNA 2008. En medio de los tironeos entre los productores apiñados en las rutas y el gobierno que no atinaba a dar sus propias respuestas al conflicto, el relevamiento se atrasó, y los resultados siguen sin conocerse.

La falta de información oficial responde para los dirigentes agrarios al temor del productor en dar respuestas. Pero aún cuando estuvieran “los resultados no pueden ser confiables” remarcó el titular de la FAA, del mismo modo en que no son confiables los relevamientos de precios.

La percepción que intuye el presidente de la Federación Agraria tiene un anclaje en la realidad. Con el aumento de la participación en el cultivo de soja a un récord estimado de 19 millones de hectáreas, se profundiza el modelo cuestionado por la FAA que expulsa a la gente del interior.

“A 100 kilómetros del obelisco viven 17 millones de personas en un país casi vacío” ilustró Buzzi. Los desplazados del interior terminan encontrando refugio en los alrededores de las grandes urbes empujados a una situación de pobreza, sobre la cual también los datos oficiales son cuestionados.

El presidente federado sostuvo que la “omisión de políticas frente a la soja” es una de las causas principales de la mayor concentración en el ámbito rural. En esa ausencia de políticas también aparece Moreno como el principal responsable señalado.

La pérdida de rentabilidad relativa en la producción de leche, carne, maíz, trigo, y producciones regionales en la que el secretario de Comercio Interior puso su impronta terminaron acelerando la sojización y con ella la profundización de la concentración de la tierra.

Para revertir esa situación la FAA agita varios instrumentos entre los cuales el corazón es una ley de contratos agrarios. Esa ley fue incluida por el oficialismo en el temario de la sesión en que Diputados trató las retenciones móviles hace un año.

Pero la falta de respaldo de la FAA a la ratificación de la 125 tuvo como contrapartida que el kirchnerismo desechara la nueva ley de arrendamientos que impulsaba la entidad tal vez como castigo a la falta de acompañamiento pero que terminó beneficiando la concentración productiva, en lugar de la distribución.

La ley de contratos agrarios también dividió las aguas en el seno de la comisión de Enlace y mereció el rechazo público de la Sociedad Rural Argentina. “Esa discusión no está saldada en la mesa de enlace” confió Buzzi, pero suavizó las diferencias al resaltar que otros problemas postergaron esa discusión ciertamente central.

Un segundo factor que denuncian desde la FAA es el de la precariedad en la tenencia de la tierra con irregularidad de títulos para el segmento de campesinos que se da principalmente en las regiones extrapampeanas.

“Tenemos documentada la presencia de gente armada, parapoliciales, y la intervención de jueces” que para nada son imparciales, sostuvo Raúl Luna, un campesino de la localidad de Agua Amarga en Santiago del Estero.

El dirigente federado denunció reiterados atropellos sufridos por el campesinado en la provincia que gobierna el radical K, Gerardo Zamora, por la condición precaria del dominio desde el punto de vista jurídico.

Pese a algunos instrumentos implementados por el gobierno provincial como solución transitoria de la situación de las tierras, como “un registro de poseedores”, Luna aseguró que se trata de medidas que solo dilatan la solución definitiva. “Agua Amarga es un caso, pero hay muchos más en la provincia”, aseguró.

Otra de las leyes que desde hace años impulsan los federados apunta contra el denominado proceso de “extranjerización de tierras”. Desde la entidad afirman que hay unos 20 millones de hectáreas en manos de extranjeros.

Buzzi recordó que alguna vez habían informado de la situación a Néstor Kirchner, cuando era presidente de la nación, sobre el vertiginoso proceso de extranjerización, pero ni el ex presidente entonces, ni su esposa ahora, han demostrado con sus políticas alguna preocupación por el tema.