El borrador del decreto para que el Estado capitalice todas las acreencias que tiene sobre Cotapa ya está listo, luego de la intervención de los órganos legales gubernamentales, y está listo para el repaso final y la rúbrica del gobernador Sergio Urribarri.

La norma, que completa el proceso iniciado en abril con la oferta que hizo la empresa para salvarse de la liquidación, se emitiría ad referéndum de la Legislatura, según el texto al que tuvo acceso la agencia APF.

En el aspecto resolutivo la normativa prevé la capitalización en la nueva sociedad que se forme de 8.339.408,39 pesos que están verificados como créditos del Estado en el concurso de quiebra de Cotapa que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Paraná y también “las posconcursales mantenidas por la mencionada cooperativa con la Provincia”, es decir, aquellas que se hayan generado con posterioridad al proceso judicial iniciado el 7 de noviembre de 2006.

El secretario de la Producción, Roberto Schunk, estima que la cifra global será de 16 millones de pesos.

Lo que el Poder Ejecutivo hará a través de esa norma es aceptar la propuesta elevada por la empresa para poder responder a la deuda que mantiene con el Estado provincial.

La alternativa que se postula allí es el pago del 100% de las acreencias como capitalización en una sociedad a constituirse en forma conjunta “en un plazo que no excederá de 120 días hábiles” desde la homologación, en la Justicia, del acuerdo definitivo.

Para lograr este acuerdo hay que esperar la finalización de la feria judicial el 31 de enero, ya que el miércoles 4 de febrero vence la prórroga otorgada por la jueza María Valentina Ramírez Amable para que se dé el entendimiento entre la deudora y los acreedores.

El artículo 4 del boceto prescribe su remisión a la Legislatura “a fin de someterlo a su consideración, dictándose ad referéndum de dicho órgano”. La última palabra del acuerdo estará, por tanto, en las cámaras de Diputados y Senadores.

El objetivo de la nueva empresa a crearse será “la explotación agroindustrial”, tarea para la cual Cotapa aportará sus bienes de capital y la marca comercial.

La nueva sociedad surgirá “libre de toda deuda y absorbiendo el personal de la concursada como empleadora de los mismos”, expresa el borrador del decreto.

La fecha límite del 4 de febrero impone “un trámite excepcional que condiga con la urgencia y necesidad de que el Estado provincial se expida sobre el tema”, teniendo presente “la nueva impronta del texto constitucional reformado, y en resguardo de la misión del mismo (por el gobierno) como gestor del bien común”.

La alternativa permitiría “resguardar el patrimonio público, favorece la continuidad de la empresa y ofrece un instrumento de regulación y promoción del sector lácteo provincial de gran incidencia para pequeños y medianos tamberos y usinas”, indica el texto preliminar que tiene a la vista Urribarri.

Si el Estado provincial, el principal acreedor de la cooperativa, no da su visto bueno, debería liquidarse la empresa: realizarse el activo (bienes y derechos) para atender el pasivo (deudas y compromisos). Esto está presente en las consideraciones del bosquejo del decreto: “La no consecución de las mayorías previstas por la ley concursal derivaría sin más en la liquidación de esta importante fuente de trabajo local, en claro perjuicio para la sociedad toda”. En Cotapa trabajan 132 personas.

Intervinieron en la evaluación de la propuesta “diversos organismos legales y técnicos del Estado”, precisa el borrador en sus “considerandos”. El rol principal le cupo a la Fiscalía de Estado.