En un nuevo giro en la polémica por el cobro de regalías de la soja transgénica, productores y dirigentes del campo acercaron posiciones con los representantes de Monsanto, empresa con sede en Saint Louis, Estados Unidos, que desde hace dos años reclama compensaciones económicas por el uso de la variedad de semilla modificada genéticamente "roundup ready".
Ese producto, que redujo en más de un 20% los costos de producción agrícola, actualmente cubre el 95% del área sembrada con este cultivo, el principal de la Argentina. Monsanto, que no llegó a patentar este gen resistente al herbicida glifosato en el país, demanda el pago de un canon por tonelada exportada de soja argentina a cambio de desactivar los litigios que comenzó en la Unión Europea, donde tiene registrado el producto contra los cargamentos argentinos.
Las exportaciones a ese bloque comercial representan unos 2800 millones de dólares al año, y podrían correr riesgos por la incertidumbre que generaron los procesos judiciales, en los que el Gobierno se presentó como tercera parte en contra de Monsanto.
El contacto entre productores y la firma norteamericana se dio ayer en plena Expochacra. En una de las calles de esta megamuestra agropecuaria, que se realiza en Pergamino -de lo que se informa en la primera sección-, se encontraron dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) con el gerente de Desarrollos y Nuevos Negocios de Monsanto, Pablo Vaquero.
"Vamos a hablar", dijo Vaquero al grupo integrado por el presidente de Aacrea, Germán Weiss; el jefe del departamento de Economía de la SRA, Ernesto Ambrosetti, y otros representantes del sector. "Si todos nos llevamos bien, ¿por qué no arreglamos?", deslizó Weiss al directivo de la empresa.
Monsanto propuso hace dos semanas al secretario de Agricultura, Miguel Campos, un mecanismo de cobro por el cual la empresa percibiría a través de las firmas exportadoras de granos poco menos de 2 dólares por tonelada de soja exportada, a cambio de terminar con los juicios en Europa.
Esta iniciativa, de improbable aplicación un año atrás, cosechó adhesiones, dado que los importadores de soja europeos amenazaron con bajar hasta 7 dólares por tonelada el precio de la soja que compran en la Argentina, con el argumento de cubrirse de los perjuicios que podrían provocarles las demandas. Campos había calificado a Monsanto de "vergüenza nacional", entre otras cosas, pues en su opinión la firma no puede reclamar el pago de royalties sobre las exportaciones, dado que no patentó su producto en el país. El funcionario aún no respondió a la nueva propuesta.
"El arreglo de la controversia no es complicado, pero el Gobierno tiene una visión diferente, y esto tiene que solucionarse en forma política, con costos que nadie quiere asumir", comentó ayer Vaquero.
"Lo que pasa es que hay un costo más grave que el político, que es el comercial, y eso no se está evaluando en sus dimensiones", consideró Ambrosetti, en relación con el daño que podría generar la generalización de los litigios por la soja en Europa y sus efectos en las compras del producto en el país.
"La función de los dirigentes del campo es hacerles comprender a las bases que, como se asume el costo político de pagar un canon por tonelada, se corre el riesgo de afrontar un mayor costo, que es la pérdida por los descuentos que aplicarán las exportadoras", opinó uno de los dirigentes, que pidió no ser nombrado.
La iniciativa de Monsanto pretende el cobro de derechos en el total de los embarques y no sólo sobre el 30 por ciento de los subproductos de soja que se destinan a Europa.
Fuente: La Nación
