El más reciente fue presentado por la Federación Agraria, y propone estirar los plazos de esos contratos (la mayoría se renuevan año a año), crear comisiones locales de monitoreo y generar estímulos impositivos para que los propietarios alquilen sus campos a los productores de cada zona, y no a los grandes pooles de siembra. "Lo único que dejan esas firmas en el pueblo son los caminos rotos", dijo Eduardo Buzzi, titular de esa entidad.

Lo cierto es que, tal como funcionan hoy, estos contratos abren varios debates:

Algunos argumentan que ponen en riesgo la sustentabilidad de las tierras pampeanas, ya que los arrendatarios —para maximizar sus ganancias— siembran el cultivo que les deje mejor margen sin respetar la ley básica de la agronomía: la rotación de cultivos.

La regulación de los contratos también permitiría un mayor control, cosa común en otros países, en especial en Europa. Varias fuentes indicaron que muchos casos se subvalúan los valores, para evitar luego el pago de Ganancias. También se podría controlar el origen de los fondos que desembarcaron en el negocio.

CLARIN