El proyecto ya tiene despacho de comisión y para tratarla el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias. El espíritu de la pretendida norma es "evitar suministrarle materia prima a las papeleras de Uruguay e incentivar la industrialización de la madera en Entre Ríos", explicó su autor, el diputado radical Osvaldo Fernández.

El espaldarazo de los asambleístas a la iniciativa obligó al gobernador Busti a darle luz verde en nombre del oficialismo. "Lo que quieren es que se sancione una ley por la cual se suspende la venta de madera en rollizo al Uruguay. Este proyecto está con despacho de comisión en la Cámara de Diputados y yo la voy a promulgar", anticipó el mandatario.

Un sondeo periodístico entre industriales y productores madereros cosechó una serie de respuestas divididas en dos: un fuerte mutismo por parte de los titulares de los campos forestados y una adhesión expresa al proyecto de la "ley de la madera" desde el sector de los propietarios de aserraderos.

"Esta ley tendría que haber sido aprobada hace muchos años", respondió Claudio Dri, gerente de uno de los 65 aserraderos que están instalados en el parque industrial de la ciudad norteña de Federación.

"Con la instalación de las grandes firmas que usan la madera para aglomerados desapareció gran parte de la forestación entrerriana, y si se instalan las papeleras, que son de un volumen alarmante, directamente vamos a olvidarnos de cómo son los árboles", exclamó el industrial entrerriano en diálogo con Cronista Digital.

Al explayarse sobre la lógica de su respaldo a la "ley de la madera", Dri evaluó que evitará que los árboles se talen jóvenes y con escaso diámetro. "A las pasteras –continuó– le sirve que sean blandas las maderas, pero van a secar todo el territorio. Esas industrias talarían los montes jóvenes en la mitad de tiempo en que lo haría la industria de la madera".

Según el empresario, una situación similar se vivió "hace unos quince años cuando se exportaban grandes cantidades a las fábricas de celulosa instaladas en otros continentes; de pronto se comieron los montos entrerrianos y correntinos".

El gerente del aserradero entrevistado admite que la compra de madera por parte de Botnia podría ser una fuerte competencia para quienes en Entre Ríos trabajan los árboles forestado por otras firmas.

Esa misma lógica propone que para los dueños de las tierras plantadas con eucaliptus se les puede abrir otra boca de compra de sus productos. No obstante, ante la consulta de este medio evitaron pronunciarse al respecto.

Tal fue el caso del presidente de la Asociación Forestal de Entre Ríos, Fernando Dalla Tea, quien se excusó de opinar "porque todavía no hay una posición oficial" de la entidad.

El dirigente se desempeña también como vocal primero de la Asociación Forestal Argentina, y si bien dijo que el proyecto había tenido objeciones por parte del sector, pronto evitó abundar en detalle "hasta que se debata internamente y se tome una posición institucional".

Cabe agregar que el proyecto presentado busca lograr "en todo el territorio provincial la prohibición de venta y/o salida de rollizos (madera sin procesos industriales, proveniente de bosques implantados) y chips (madera con un mínimo de procesamiento para facilitar y abaratar el transporte) con destino a exportación para ser utilizados como materia prima en empresas productoras de pasta celulósica".

El gobernador Busti se mostró entusiasmado con convertir el proyecto en ley, pero advirtió que esa norma "tendrá poca efectividad".

Para su afirmación tomó en cuenta que "en que Entre Ríos tiene solamente 130.000 hectáreas forestadas, mientras que Corrientes tiene prácticamente el triple, casi 400.000, y Misiones aún más". Por esta razón "creo que la medida sería efectiva si se tratara de una disposición nacional", apuntó.

Frente a los dichos del gobernador, voceros de la Asamblea de Gualeguaychú le confirmaron ayer que una iniciativa similar se presentó por mesa de entrada del Senado de la Nación, para lograr una "ley de la madera argentina".