Técnicos del ministerio de Agricultura, que trabajaron en el proyecto de Ley de Tierra, aseguraron que la iniciativa oficial fue desarrollada "mirando el país con visión de futuro".

El proyecto, que restringe la propiedad en manos extranjeras, tiene como eje la definición de la tierra como un recurso estratégico no renovable, y la idea de que el territorio será uno de los puntos de discusión y conflicto mundial en las próximas décadas.

La iniciativa, que está relacionada con el Plan de Seguridad Alimentaria, fue uno de los primeros proyectos de la gestión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que instruyó a sus colaboradores a formar un equipo interdisciplinario para trabajar en el proyecto apenas asumió.Los técnicos trabajaron con la idea central de armar una iniciativa que permitiera pensar el país con visión de futuro y tomando en cuenta a las generaciones futuras.

Uno de los ejes del proyecto consiste en la restricción general para la compra de tierras en un 20 por ciento del total del territorio nacional, con su replicación en las provincias y sus divisiones administrativas y en particular un tope máximo de mil hectáreas para un mismo titular extranjero.

Aldo Casella, especialista en derecho agrario involucrado en el proyecto, explicó a Télam que la doble limitación se trazó tomando en cuenta la legislación de otros países en este tema.

Pero para establecer la restricción, según explicó Casella, es muy necesario tener un Registro Nacional de Tierras Rurales.

El proyecto prevé la creación del Registro y le asigna un plazo de 180 días para efectuar un relevamiento de la situación de titularidad las tierras rurales en el país.

El equipo técnico tuvo como principal obstáculo la ausencia de un registro y cifras oficiales sobre la propiedad de la tierra en el país.

Sobre la materia, sólo hay estimaciones que dan cuenta del paso de manos nacionales a extranjeras de entre 6 a 15 millones de hectáreas desde la década del noventa a la actualidad.

La situación de la falta de cifras habla de la situación de desidia con la que se venía manejando el tema, opinó Casella.

Otro de los ejes del proyecto, presente en los considerandos y en varios artículos, es el hincapié que se hace en que la tierra como un recurso estratégico no renovable y en la necesidad de preservar los intereses del pueblo argentino.

Adolfo Koutdijian, especialista en geopolítica que trabajó en el proyecto, explicó que el trabajo se hizo tomando muy en cuenta lo que ocurrió en la economía mundial en los últimos 10 años.

"En el mundo ya somos 7.000 millones de habitantes y en los últimos años ha habido una importante incorporación de personas al consumo de alimentos, las potencias pesan estratégicamente en la soberanía alimentaria y en ese contexto, Argentina y sus tierras rurales se han convertido en un mercado demasiado interesante", explicó Koutdijan.

El analista geopolítico opinó que el proyecto no apunta a desfavorecer inversiones extranjeras, sino de tener un control de la situación.

"La definición de la tierra rural como un recurso natural no renovable va en ese sentido", destacó.

La demanda de tierras argentinas, especialmente de origen asiático, se hizo sentir en la última gira de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, por China, donde las compañías del gigante asiático se mostraron insistentes en este punto.

Frente a la avidez por la compra de territorios fértiles, el proyecto de ley establece con claridad que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso no renovable.

El constitucionalista Eduardo Barcesat, que también trabajó en el proyecto, explicó que ese item va en la dirección de poner un punto de recorte a los tratados multilaterales de inversión y al Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones (Ciadi).

Barcesat explicó que en los años 90 Argentina suscribió varios Tratados Bilaterales de Inversión protegían a los capitales extranjeros y esta definición de que la compra de tierras no es una inversión protege al Estado de posibles reclamos ante un tribunal internacional.

Fuente: El Enfiteuta