La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), expresó su “gran preocupación por el llamado Proyecto X que se habría desarrollado desde organismos dependientes del Estado Nacional y a través del cual se habría realizado un espionaje sistemático sobre diferentes organizaciones y entes sociales, entre ellas nuestras entidades”, informaron este jueves.

Las entidades calificaron como un hecho de “enorme gravedad institucional” la noticia periodística del matutino Clarín, y advirtieron que “atenta contra las garantías y libertades básicas plasmadas en nuestra Constitución Nacional”. Los ruralistas expresaron también que el caso de espionaje “viola la Ley y resulta inadmisible para una democracia ya que recuerda a las peores épocas de nuestro país”.

Para Luis Etchevehere (SRA), Rubén Ferrero (CRA), Eduardo Buzzi (FAA) y Carlos Garetto (Coninagro) la única lectura posible de la noticia en torno al denominado Proyecto X es “la actitud de un gobierno que utiliza sus organismos públicos para amedrentar a quienes piensan diferente, intenta callar las voces críticas y ubica como enemigos a aquellos que expresan una mirada distinta ante el relato oficial”.

Los capitostes del campo no dudan de que el gobierno de Cristina Kirchner “ubica al campo” en la vereda de los enemigos haciendo alarde de su “mirada errónea” de la realidad. “Ahora, con escuchas y persecuciones a sus dirigentes hace sentir su desprecio por las instituciones que históricamente acompañaron el sentir del hombre rural”, señalan.

La Mesa de Enlace solicitó que la justicia “actúe con la mayor celeridad posible y que los funcionarios implicados den las explicaciones pertinentes a toda la ciudadanía, en forma inmediata, sobre su participación en el Proyecto” mencionado.

Entre tanto aseguran que la actitud que atribuyen al gobierno no va “a callar nuestras voces ni van a impedir que continuemos expresando nuestros pensamientos, sino todo lo contrario”.

“Resulta alarmante que desde el Estado Nacional se realicen estas acciones contra organizaciones de la sociedad civil, utilizando recursos públicos que terminan en manos de los espías y no resuelven los problemas que afectan a la ciudadanía” sentencian los dirigentes sin esperar la resolución de la justicia que reclaman.

“Frente a esto, nos preguntamos: ¿habrán ido allí los 500 millones de pesos que el gobierno había comprometido para la emergencia agropecuaria y que nunca recibieron los productores?”, concluyen irónicos los ruralistas.