Luego de que se llevara a cabo la primera reunión de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, comenzó a gestarse la agenda legislativa para el presente año, el que se espera muy acotado por un extenso cronograma electoral, nacional y provincial.

En la reunión del miércoles 16 cuando Juan Casañas asumió como reemplazante de Ricardo Buryaile al frente de la Comisión, los distintos bloques políticos fueron anticipando a la presidencia el título de los temas que consideraban relevantes.

Allí surgió la necesidad de tratar las leyes sobre extranjerización de tierras, una solución ante el desmantelamiento de la Oncca que incluye compensaciones y permisos de exportación (ROE), así como una ley para criterios de distribución de cuota Hilton, reformas a la ley de semillas, y seguro multirriesgo.

El oficialismo, pidió que se invitara al Ministerio de Agricultura para exponer los alcances y estado del Plan Estratégico Agralimentario y Agroindustrial (PEA2) para que la comisión debatiera posteriormente el aporte que podría realizar al PEA2.

Nadie, sin embargo -ni los propios diputados oriundos de la FAA- puso como tema de agenda parlamentaria para el presente año la reforma a la ley de arrendamientos y aparcerías, que fue motivo de numerosos artículos, debates, y actos políticos hace pocos meses atrás.

Pero a poco de finalizada la reunión, El Enfiteuta pudo saber, que el titular del bloque socialista, Lisandro Viale, también integrante de la comisión de Agricultura envió un listado de proyectos al presidente Juan Casañas, donde el primer tema en cuestión es la ley de contratos agrarios.

La iniciativa tuvo el respaldo de una decena de diputados, no solo de socialistas, entre los que se encuentran la conductora del GEN, Margarita Stolbizer, el de Proyecto Sur, el diputado Fernando Pino Solanas, también candidato a presidente; y Eduardo Macaluse (SI).

La iniciativa promueve, entre otras cosas, que el pago del arrendamiento en especias no quede sujeto al valor de la soja, sino que la retribución sea en virtud de la actividad que se desarrolle en el campo. De modo que si el arrendamiento se origina en la producción de trigo, el precio se fije en quintales de trigo, o litros de leche o kilos carne, si esa fuera la actividad.

También se eleva a 4 años el tiempo mínimo del arrendamiento, y se instrumentan una serie de beneficios impositivos aplicables cuando el predio cedido o aportado no exceda las tres unidades económicas.

Viale también pidió al presidente de la comisión que se pusiera a consideración un proyecto presentado en 2009, que generó controversias con sectores afines a la Comisión de Enlace, como el de la creación de la Agencia de Control del Comercio y la Industria Agroalimentaria (Acacia).

La iniciativa promueve una intervención estatal, mayor a la implementada desde la Oncca, e incluso con facultades de comprar la producción, pero con una conducción compartida entre representantes privados y del Estado.

Otras iniciativas cuyo debate impulsó el socialismo esta semana son una norma para la recuperación de envases de agroquímicos, de protección al pequeño y mediano productor lechero, de regulación de la actividad avícola, y un sistema para la compra de las primera 1.000 toneladas de trigo.

Este último proyecto, acompañado por el diputado Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos), propone que el Estado compre los primeros 10qq de trigo que venda el productor pagadero vía transferencia a CBU en un plazo máximo de 7 días, y al precio FAS teórico.

Fuente: El Enfiteuta