La Sociedad Rural de Victoria manifestó su preocupación por el contenido de las versiones periodísticas conocidas esta semana que dan cuenta de un decreto provincial que tendría como objetivo la anulación de todos los contratos de arrendamiento de islas fiscales que fueran adjudicadas en 2007, en el marco de la Ley 9.603 y mediante un proceso público de selección de ofertas.

"En el caso de ser cierta la existencia del decreto mencionado, creemos que esto vulneraria la seguridad jurídica porque dicha norma reglamentaria no puede anular los objetivos definidos en los artículos de una ley preexistente", indicaron en un comunicado.

Uno de los argumentos que dan cuenta las mencionadas versiones que motivan tal decisión, sería que estos predios fueron otorgados en su mayoría a personas que no residen en la provincia, lo cual entendieron no es válido por no existir en el texto de la Ley 9.603 una previsión en tal sentido que indique preferencia para residentes entrerrianos.

Otro argumento esgrimido es el atraso en el cumplimiento del canon pautado, lo que por versiones de personas que tienen acceso a esta información, no serían muchos los casos que presentan esta irregularidad, según los ruralistas.

"Ceemos que se debería revisar cada contrato en particular para determinar si hubo falta de cumplimiento a lo pautado obrando en consecuencia, y no tomar una medida de carácter general que no se ajusta a lo la finalidad establecida en la Ley 9603, pero que además retrotraería a la situación previa al proceso licitatorio que logró un ordenamiento satisfactorio de la ocupación de estos predios", puntualizaron.