Ante un calendario que viene con demoras a causa de la sequía para la siembra de la campaña gruesa, el Gobierno dio detalles de la resolución 1/2023 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la cual amplió en 2.531 productores la cantidad de beneficiarios del Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz.

La primera tanda de beneficiarios, vale recordar, fue de 1.754 personas físicas y jurídicas, a quienes se les pagó un total de $ 1.720 millones. “A los efectos de garantizar mayor alcance, hicimos correcciones para que ingresen más productores”, explicó el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo.

“En el marco de un trabajo conjunto con la AFIP logramos ampliar la cantidad de beneficiarios con el fin de impulsar la producción agrícola en todo el país”, afirmó.

Y detalló que “de esta manera, el Gobierno Nacional dispone una inversión superior a los $3.600 millones para alcanzar a un total de 4283 beneficiarios, quienes recibirán un aporte promedio de $843.680“.

El anuncio del mes de octubre pasado que se realizó en la ciudad bonaerense de Las Heras le sirvió al ministro de Economía Sergio Massa para enviar su propio mensaje hacia el campo: la asistencia en los costos de siembra para la soja y el maíz que se aproximaban en el calendario y que ya se preveía que tendría problemas a causa de la sequía.

El beneficio fue de $20.000 por cada hectárea de maíz y de $6.500 por una de soja. ¿La razón de la disparidad? Los costos de inversión que los productores deben afrontar por el maíz son más elevados que los de la soja.

“Estamos yendo a un modelo en que subsidiamos el 40% de los gastos del productor en fertilizantes y semillas para que pueda seguir ampliando su capacidad productiva y para que de alguna manera el Estado pueda devolverle el esfuerzo que el conjunto del sector hizo, a la hora de poner el marcha el Programa de Fomento Exportador (conocido como dólar soja)”, explicó Massa en esa oportunidad.

Los requisitos que se pidieron al inicio del plan fueron no tener más del 15% de producción de soja sin comercializar, no haber vendido a través del “dólar soja” y por último haber estado inscripto en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en la campaña pasada.