La Nación reproduce las declaraciones. "Es totalmente arbitraria (la prohibición), se adopta por el lobby de dos o tres exportadores, a los que no les interesa abrir otro mercado", sostuvo Aracre.

"Justo cuando estamos viviendo un boom con el maíz se toma esta decisión, que representa una marcha atrás con la política argentina a favor de la biotecnología", dijo el directivo, para agregar: "El hilo se vuelve a cortar por lo más delgado", en referencia a que el costo de esta medida lo terminarán pagando los productores.

Pero lo más duro fue cuando el directivo le adelantó al cronista de La Nación que la compañía apelará la medida con un recurso administrativo y que no descarta promover una causa judicial.

Sucede que la empresa se encontraba presta a lanzar sus materiales al mercado, al tiempo que esperaba la aprobación de sus híbridos de maíz resistentes a glifosato e insectos simultáneamente. La decisión de Agricultura le causará un perjuicio económico.

Aracre apuntó que la iniciativa tomada por el secretario De Urquiza significa un retroceso para el país en política biotecnológica.

También Clarín reflejó que la medida tomada por agricultura significa un retroceso. "Después de dar diez pasos adelante en la adopción de cultivos transgénicos, ahora la Argentina deberá retroceder un casillero", dice el influyente matutino.

Para el medio, la decisión de prohibir la siembra de este transgénico contó "con el guiño de las poderosas cerealeras", en coincidencia con la opinión de Aracre.

Efectivamente, trascendió que el cargamento de maíz que contenía el GA21 pertenecía a la multinacional Cargill, el principal exportador de commodities agrícolas de la Argentina, con cifras cercanas al 25%.

Aracre consideró que perfectamente los exportadores –que evitó identificar- podían encontrar mercados alternativos si había trabas en Europa. El directivo de Syngenta consideró, por otra parte, que el Gobierno podría haber adoptado otro tipo de medidas como la exigencia de normas de identidad preservada.

Agrodiario