El proyecto de ley oficial para restringir la compra de tierras por parte de extranjeros ingresó este miércoles en la Cámara de Diputados Nacional, unas horas después de que la Presidenta Cristina Fernández anunciara la iniciativa por cadena nacional.

La iniciativa fue titulada Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El proyecto, se aclara, “en ningún modo resulta una legislación prohibitiva o refractaria a las inversiones extranjeras responsables” sino que tiene por objetivo asegurar que “los recursos vitales en el siglo XXI, sigan en la órbita y en competencia nacional, sin que eso signifique desalentar la inversión extranjera”.

La iniciativa resalta que la tierra es un “recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social”.

El proyecto, en este sentido, considera que se registra un “fuerte proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de capitales financieros trasnacionales, que se intensificó en los últimos años, debido a la especulación desatada a raíz de la variación de los precios de los productos primarios en el mercado internacional”.

La propuesta legislativa, a la que accedió El Enfiteuta, apunta “no sólo a regular un previsible aumento de la propiedad privada sino a limitar el proceso de concentración de grandes extensiones de tierras en manos de capitales financieros”.

En el proyecto, se establece en el 20 % el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional para las personas físicas o jurídicas extranjeras.

Las tierras rurales de un mismo titular extranjero, se propone en el artículo 9, no podrán superar las 1.000 hectáreas.

La propuesta establece, atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión firmados por Argentina, que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable.

Los actuales propietarios extranjeros, fija el proyecto, deberán especificar esa condición en el plazo de 180 días desde la puesta en vigencia de la ley ante la autoridad de aplicación.

También se propone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales y la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras, dentro de un plazo de 180 días de vigencia de la ley.

La autoridad de aplicación será el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el que será integrado por representantes de los ministerios de Agricultura, Industria, Justicia y Defensa, y la secretaría de Ambiente.

Fuente: El Enfiteuta