Los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja dieron ayer un paso para avanzar con un proyecto de ley que apunta a recortar la ganancia de unos u$s375 millones al sector exportador con el último aumento de las retenciones a la soja que pasó en el caso del poroto del 27,5 al 35%.

A la reunión de legisladores asistió el autor del proyecto, el diputado Rafael Martínez Raymonda, cuya propuesta apunta a que los exportadores que hayan declarado ventas externas con anterioridad al 9 de noviembre, fecha en que se oficializó el incremento de los derechos de exportación, deben demostrar la adquisición del grano declarado, o en su defecto abonar el arancel de retenciones pleno vigente.

Entre los diputados del oficialismo y de la oposición hubo coincidencia en que la demora en el cierre de los registros de exportación para la soja fue más allá de lo prudencial.

De modo que ante la creciente versión del incremento de retenciones en las semanas previas a su anuncio las declaraciones de ventas "preventivas" por parte de los exportadores representarían un negocio adicional cercano a los u$s375 millones que ni el estado ni los productores recibirían.

Fuentes de El Enfiteuta remarcaron que la reunión parlamentaria de ayer concluyó con el compromiso de los legisladores de aprobar la semana entrante un dictamen para el proyecto de ley para cumplir el giro a otras comisiones y tratarlo en el recinto a la mayor brevedad.

Junto con la iniciativa de ley se dará curso a una resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo para "que en el más breve plazo y a través de los organismos que correspondan, se analicen exhaustivamente todas las operaciones de exportación del complejo sojero que se realizaron durante los 40 días previos a la fecha del cierre transitorio del Registro" de exportación de soja y subproductos.

La solicitud que se remitirá al gobierno tiene el objeto "de determinar si existieron maniobras especulativas, negligencias en la aplicación de las normativas vigentes o prácticas de deslealtad comercial", así como la remisión de la información a la Cámara de Diputados.